Desde el Tercer Piso

Quo Vadis?: Interrogante en latín que quiere decir “¿A dónde vas?”

Y llegó el sexto mes, periodo propuesto por el Presidente de la República para que lo evaluemos a nuestras anchas, porque dice que recién allí podrá exhibir resultados. Y vaya que exhibe varias cosas este gobierno que de cambio y de responsable parece tener poco.

LO POSITIVO:

Es curioso decir esto, pero el principal logro del gobierno de Alan García es la economía. La buena marcha macroeconómica que viene de la época de Toledo - ojo, no de la de Fujimori donde, contra toda lección de economía, se cuadraba caja con la plata de las privatizaciones - se ha mantenido, gracias al aumento de las exportaciones y al boom que ciertos sectores siguen manteniendo. En eso, García no se ha equivocado e incluso ha acertado al colocar medidas tributarias que permitan ir ajustando - tímidamente - el esquema de supervisión imperante.

Lo segundo es que se mantienen espacios de diálogo con sectores sociales y económicos a partir de los cuales procesar demandas. Sin embargo, se extraña que dichos mecanismos sigan siendo reactivos y no preventivos.

Lo tercero, medidas aisladas aunque importantes como la instalación del Consejo de Reparaciones para determinar a las víctimas del conflicto armado interno que serán beneficiarias del PIR (aunque el Consejo no funciona en la práctica, por la ausencia de un Secretario Ejecutivo), la evaluación a los maestros y la adopción del Plan Educativo Nacional como política de Estado.

Cuarto y final, una sincera preocupación por la austeridad y por la reducción de gastos en el Poder Ejecutivo y en otras instancias del Estado.

TEMAS DE FONDO: CARENCIA DE IDEAS:

Sin embargo, el Gobierno no ha aprovechado estos logros, a los que se suman el buen contexto internacional y su popularidad para impulsar reformas de fondo. La constatación a la que cualquiera puede llegar fácilmente es que no se tenía un Plan de Gobierno estructurado, más allá de enunciados genéricos y que se había llegado al poder tan solo por llegar.

Esto se puede comprobar con una rápida mirada a algunos temas de fondo.

Comercio Exterior y Competitividad: Se perdió seis meses importantes en la aprobación del TLC, por un capricho presidencial con nombre y apellido: Hernando de Soto. En su intento por aparecer como interesado en la ratificación del Tratado, se nombró a este personaje como representante personal del Presidente para este tema. Sin embargo, la realidad fue demostrando que el equipo debía estar encabezado por los puestos que lideraron el esfuerzo durante el gobierno anterior: Ministerio de Comercio Exterior y Embajada del Perú en Washington. De Soto queda en un papel relegado, en el llamado “TLC hacia adentro”, que uno no sabe si es una plasmación concreta del Plan Nacional de Competitividad elaborado en el periodo de Toledo o algo nuevo. El voluntarismo presidencial también casi nos cuesta las negociaciones con la Unión Europea, preocupada por la posible aprobación de la pena de muerte.

Descentralización: Un controvertido cierre del Consejo Nacional de Descentralización que le ha traido más problemas que soluciones al gobierno. Una acusación constitucional contra Jorge del Castillo a presentarse en los próximos días, una posible demanda de acción popular sobre la norma y el reclamo de varios presidentes regionales abonan en esa línea. La intención del gobierno: tener una relación “más cercana” con los presidentes regionales (es decir, manejarlos a su antojo), tal como lo hizo en el anterior periodo. La pregunta ¿tienen una política de descentralización? flota en el ambiente.

Salud: Más allá de las campañas de vacunación, no se tiene una política clara sobre la materia. Carlos Vallejos sigue en debe.

Educación: Sin duda, la evaluación a los maestros fue un golpe político que afectó al SUTEP como interlocutor y como entidad ante la opinión pública. Sin embargo, cabe preguntarse de que manera esta evaluación se conectará con un plan de capacitación, y este plan de capacitación con el Plan Educativo Nacional. En otras palabras, persiste la duda sobre si el Ministro Chang tiene idea de qué hacer con la educación.

Justicia y lucha anticorrupción: Francisco Távara entra con buen pie al Poder Judicial, con un Plan de Acción para dos años con metas concretas y señales de transparencia. Sin embargo, el Poder Ejecutivo no lo acompaña. La presencia de funcionarios cuestionados por su pasado - como el jefe de los Procuradores, Moises Tambini del Valle - o por su parcialidad - como el secretario del Consejo de Derechos Humanos Luis Alberto Salgado - sumado a las pocas ganas de hacer reformas en serio complotan en este sentido. Y ya ni hablemos de lucha anticorrupción, pues la voluntad que se tiene en este tema se restringe a los limitados esfuerzos que Briceño, Chehade y compañía hacen para los casos Fujimori y Montesinos. Hasta ahora esperamos la creación de una entidad que ayude a prevenir las prácticas indebidas dentro del Estado.

Seguridad Ciudadana: Más allá de la buena voluntad de la Policía, no se tiene un plan en la materia y no se coordina con los municipios. Pilar Mazzetti parece más concentrada en defender su permanencia en el puesto antes que en reformar un sector que pide cambios a gritos desde hace buen tiempo.

PLAN DE ACCION INMEDIATA: ¿UN SALUDO A LA BANDERA?

Como parte de su Plan de Gobierno, el APRA presentó un Plan de Acción Inmediata para los primeros 180 días del mandato presidencial. En dicho plan, se incluían medidas de corto plazo destinadas a reducir el gasto y a cuestiones que devuelvan la confianza en la labor del Estado.

Sin embargo, el seguimiento meritorio hecho por Proyecto Coherencia - a través de su iniciativa Lupa 180 - demuestra que en esta materia el gobierno tiene pocos logros que exhibir: sólo el 14% de lo planteado ha sido cumplido. A pesar que Jorge del Castillo intenta restar validez a dicho trabajo, el seguimiento hecho es bastante preciso y certero y nos demuestra la fragilidad de ideas existente en el gobierno.

¿A qué se debe este incumplimiento? Por un lado, a que muchas de las medidas eran de difícil o imposible ejecución. Por otro lado, a falta de voluntad y/o distracción en otros temas. Lo más preocupante, es que, vistas en conjunto, no logramos ver una lógica armónica en lo presentado por el PAI dentro de una visión integral del Estado.

LO MALO Y LO FEO: LUIS XIV Y EL DESPOTISMO NO TAN ILUSTRADO HABITAN EN PALACIO

Finalmente, vayamos a lo ya sabido. El estilo presidencial ha sido el mayor defecto de estos primeros seis meses.

Básicamente, se ha gobernado a lo que la “sacrosanta” voluntad de Alan García ha dictado. Los minstros han perdido peso, la oposición no existe y el Presidente impone su agenda, no la del país, sino la de los réditos personales.

La carencia de una idea sobre qué hacer ha llevado a que AGP pretenda suplir esta falencia con su consabido voluntarismo, sus cambios de humor y una peligrosa coincidencia de ideas con los sectores más autoritarios y conservadores del país.

¿Qué es lo que le cuesta al país todo esto? Mucho, a anotar:
- No aprovechar un momento económico y político de bonanza macroeconómica y paz política.
- No emprender reformas de fondo en el periodo en que puede aun correrse ciertos riesgos políticos.
- Persistir en temas que envilecen a la opinión pública, o que la terminan dividiendo.
- Quemar su imagen y sobreexponerse, quitando protagonismo y autoridad a sus ministros, a los que trata como sus secretarios.
- Llevar a su Partido a una contradicción con su actuación durante la década de los noventa, en defensa de la democracia y de los derechos humanos.
- Olvidar la agenda básica planteada por la campaña electoral: la inclusión.
- Un creciente ritmo hacia el autoritarismo y hacia la poca tolerencia a las críticas.

Lo que no recuerda el Presidente es que la alta popularidad es pasajera. A esta altura, en su primer gobierno, tenía 76% de aprobación. Terminó con 9%. Si García quiere dejar de lado ese lastre, deberá comenzar a pensar como estadista y no como un candidato a Miss Congeniality.

Dicen que a veces los mejores candidatos no son los mejores gobernantes, García viene confirmando hasta ahora esta sensación. Dependerá de él que al final de su mandato esa impresión no se confirme.

MAS SOBRE EL TEMA:
Especial de Perú.21.: Los 180 días de García.
Jorge del Castillo no acepta críticas por 180 días.
Acción Popular: Pronunciamiento 180 días de gobierno.
Víctor Andrés García Belaúnde: No estaban preparados para gobernar.
Augusto Alvarez Rodrich: Lo bueno, lo malo y lo feo.
Carlos Basombrío: “Alan García se cree el Rey”.
Rosa María Palacios: Muerta de pena.
Lupa 180: Observatorio Coherente de los 180 días del gobierno aprista.

El jueves conversaba con un preocupado amigo de la Facultad de Derecho, quien se encontraba sumamente mortificado con el rumbo que vienen tomando las cosas en el Gobierno, pero también por un tema al que deberíamos prestar más atención en los siguientes meses: la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional.

Para los legos en Derecho, los magistrados del TC son elegidos por 5 años, sin posibilidad de reelección, por el Congreso de la República, debiendo alcanzar cada postulante un mínimo de 80 votos para llegar al cargo. En junio próximo dejaran el cargo 4 magistrados que fueron elegidos por una complicada transacción política, pero que han cumplido con un muy buen trabajo: Javier Alva Orlandini, Víctor García Toma, Magdiel Gonzáles y Juan Bardelli Lartirigoyen.

Durante estos años de funcionamiento del Tribunal, en particular, desde la entrada de estos magistrados, este organismo comenzó a funcionar como lo que realmente es: un órgano de control y contrapeso, tanto frente al Poder Legislativo como frente al Poder Judicial. Si bien el TC puede haber incurrido en errores, la mayor parte de sus sentencias importantes tienen un sustento jurídico bastante sólido, tan sólido que muchas voces - en especial, desde el empresariado y desde el Congreso - se inclinan por recortarle facultades o evitar que determinadas materias lleguen a su conocimiento.

Sin embargo, el peligro de que este esfuerzo se desarme a partir de junio es bastante grande. La responsabilidad de que ello no ocurra se encuentra en el Congreso de la República.

El primer filtro que deberán pasar los postulantes es el de la Comisión Especial para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, conformada en el Congreso con bastante anticipación para evitar vacíos temporales en el relevo de magistrados.

¿Sus miembros? Aurelio Pastor (APRA, quien la preside), Humberto Falla Lamadrid (APRA), Juan Carlos Eguren (UN), Eduardo Espinoza (UPP), Fredy Otárola (P. Nacionalista), Yonhy Lescano (Alianza Parlamentaria) y, ay, Rolando Souza (el abogado de Fujimori).

Hasta el momento, se ha logrado llegar a un acuerdo para que los postulantes presentados por esta Comisión al Pleno cuenten con el apoyo de dos tercios de sus miembros, lo que aseguraría un relativo consenso sobre la trayectoria personal y profesional del postulante.

Sin embargo, una propuesta del congresista Yonhy Lescano ha desatado la furia de Rolando Souza. El planteamiento es bastante sensato: que nadie que haya formado parte de un gobierno autoritario pueda ser magistrado de una institución encargada del control de la Constitución. Como se imaginarán, el representante de los “afectados” puso el grito en el cielo por este tema.

Y es que el fujimorismo quiere a gritos tener un magistrado en el TC, por lo menos uno que responda a sus intereses (bueno, a su único interés, la impunidad de Fujimori y sus secuaces). Los candidatos a ser esa “ficha”: Francisco Tudela, Fernando de Trazegnies o Marcos Ibazeta, cuya cercanía con el régimen autoritario de la década pasada es conocida. También se ha voceado como pieza fujimorista al abogado Anibal Quiroga, autor de las acciones de amparo de los hermanos Winter durante la persecusión a Baruch Ivcher durante la dictadura.

Sin embargo, una simple arimética podría dejar al fujimorismo sin el sueño del magistrado propio. Actualmente las cuatro bancadas más importantes son: APRA (36 a 37 votos), UPP (23 votos), Partido Nacionalista (22 votos) y Unidad Nacional (16 a 17 votos). Solo bastaría que cada una ponga un candidato de consenso para cerrarle el paso al fujimorismo. Sin embargo, dada la alianza tácita entre apristas y fujimoristas, no extrañaría que le cedieran su cuota, dado que el ex compañero Carlos Mesía ya es miembro del TC. Se da por descontado que los votos de Alianza Parlamentaria no irán para el candidato naranja.

A este tema preocupante se suma el nivel de quienes postularían por los otros partidos. Se habla del eterno defensor de los jubilados, Xavier Barrón, como representante propuesto por Unidad Nacional, y en el caso del APRA el nombre con mayor fuerza es el de José Luis Delgado, un ex congresista honesto pero cuyas calidades profesionales no llegan a la talla de lo que se requiere para el puesto.

Quizás sea necesario que los mejores profesores de las Facultades de Derecho - en particular, los especialistas en Derecho Constitucional - postulen al TC. ¿Por qué Raúl Ferrero Costa o Francisco Eguiguren, por mencionar a dos de ellos, no han pensado en esta idea? Tal vez sería la forma como se pueda cerrar el paso a quienes quieran inflitar el Tribunal de interesados, incompetentes o coludidos con el autoritarismo.

MAS SOBRE EL TEMA:
La República: Propuesta sensata.
La Primera: Francisco Tudela postularía al TC apoyado por fujimorismo.
Justicia Viva: Candidatos al Tribunal Constitucional: Se buscan cuatro justos…y demócratas.
Delia Revoredo: Postulantes al TC deben tener reconocida trayectoria democrática.