“(…) La CVR rinde homenaje a los periodistas asesinados durante el conflicto armado interno en cumplimiento de su deber. Hace mención particular a los mártires de Uchuraccay, primeros periodistas caídos en el cumplimiento de su deber en circunstancias especialmente trágicas. (…)”
(Informe Final de la CVR, Conclusión General 149)
“Aunque la comisión investigadora del caso Uchuraccay señaló a los comuneros como los asesinos de los periodistas, responsabilizó en primer lugar a Sendero, culpable por imponer el terror, y también, indirectamente, a las FF. AA. por impulsar un mecanismo de autodefensa mal controlado”
(“La Verdad Sobre el Espanto. El Perú en los tiempos del Terror”. Dossier de Caretas, página 37)
Cuando se escucha el nombre del pueblo de Uchuraccay, comunidad ubicada en la provincia ayacuchana de Huanta, inmediatamente se viene a la mente el caso de la muerte de 8 periodistas en enero de 1983, un caso que conmovió a la opinión pública y uno de los primeros que hizo posar los ojos en la situación de violencia que se vivía en Ayacucho. Pero el caso es más complejo que la matanza. Es la historia del drama de un pueblo al que Sendero Luminoso quiso someter, de una política antisubversiva descontrolada, de la incomprensión que los limeños tenemos de las comunidades andinas, del sesgo periodístico sobre la base de prejuicios y de la búsqueda de la verdad y justicia.
Retrocedamos el tiempo hasta mediados de 1981. Uchuraccay es una comunidad de paso hacia los valles de Huanta y Tambo. Sus habitantes son, en su mayoría comuneros dedicados a la agricultura y la ganadería. El 70% de ellos son analfabetos. Allí llegan, bajo la apariencia de comerciantes, miembros de Sendero Luminoso – liderados por e denominadol “camarada Martín” -, quienes intentan captar a la población para sus ideas.
Algunos comuneros llegaron a ser captados por SL. Sin embargo, a diferencia de otras comunidades, SL no estableció un control total con la comunidad, que mantiene a su directiva presidida por Alejandro Huamán. Ello se debió a que la escuela, medio de adoctrinamiento “clásico” de SL, no era muy importante dentro de la convivencia en la comunidad, pues las condiciones de pobreza atentaron contra las mejoras de la escuela. La mayor parte de los comuneros no se identifican con las ideas de SL y, en la primera semana de Octubre de 1982, los senderistas son expulsados de la comunidad. Durante la fiesta patronal de la Virgen del Rosario, un trapo rojo aparece en uno de los cerros cercanos a Uchuraccay, la cual es arrancada por Alejandro Huamán, a quien, en represalia por su oposición a SL, los senderistas darían muerte a finales de Noviembre de 1982.
El 29 de Diciembre de 1982 marca un antes y un después en la historia del conflicto armado interno. Ese día, el gobierno de Fernando Belaúnde Terry ordena el control de las provincias ayacuchanas declaradas en estado de emergencia por parte de las Fuerzas Armadas. El Primer Jefe del “Comando Político – Militar de Ayacucho” sería el General EP Clemente Noel y Moral. La Infantería de Marina es destacada al resguardo de la zona de Huanta. En nuestra opinión, se cometió un doble error: en primer lugar, si bien la Policía comenzaba a ser rebasada en su tarea de controlar el orden interno y necesitaba de refuerzos, las Fuerzas Armadas no estaban preparadas para afrontar un conflicto de esta naturaleza; en segundo lugar, la autoridad civil no ejerció ninguna labor de control sobre las acciones de los Comandos Políticos Militares, lo que constituyó una abdicación de autoridad democrática.
Al mismo tiempo, los comuneros de Uchuraccay, Huaychao, Macabamba y otras comunidades ubicadas en la provincia de Huanta comienzan a organizarse para combatir a SL. Así, en las primeras semanas de Enero de 1983, varias comunidades comienzan a capturar y/o asesinar miembros del PCP-SL. Un suceso que trasciende a la prensa es el asesinato, el 21 de Enero de 1983, por parte de los comuneros de Huaychao y Macabamba de 7 senderistas. El hecho es felicitado tanto por el General Noel como por el Presidente Belaúnde, dos días más tarde. Ese mismo día, el 23, llega una patrulla policial en helicóptero a Uchuraccay, donde incitan a los comuneros a seguir con la misma actitud: “nosotros (las fuerzas del orden) llegaremos en helicóptero, maten a toda persona que llegue a pie, es terrorista”.
La desconfianza hacia las versiones del General Noel motivaron que 8 periodistas se trasladaran a la zona para conocer “de primera mano” la verdad de lo acontecido en las comunidades de Huanta. Eduardo de la Piniella, Pedro Sánchez, Félix Gavilán (de El Diario de Marka), Jorge Luis Mendívil, Willy Retto (de El Observador), Jorge Sedano (La República), Amador García (Oiga) y Octavio Infante (Diario Noticias, de Ayacucho) viajarían hacía Huaychao el 26 de enero de 1983. Sin novedad pasan las primeras horas, llegando al poblado de Chacbamba, donde Juan Argumedo, familiar de Octavio Infante, se ofrecería a ser guía de los periodistas. Al mismo tiempo, en Uchuraccay, la comunidad detienen a dos persona acusadas de pertenecer al PCP-SL. Finalmente, luego de un pago de licor, son dejados en libertad. Posteriormente, los comuneros se reúnen en la casa de Fortunato Gavilán, uno de los pobladores, para ver que acciones tomarían frente a las posibles represalias de SL.
Entre 3 y 4 de la tarde llegan, por tierra, los periodistas a las afueras de Uchuraccay. Alertados los comuneros, van al encuentro de los hombres de prensa armados con sus herramientas de trabajo. El diálogo entre ambas partes es difícil de sostener, debido a la desconfianza de los comuneros y no a las diferencias idiomáticas. Finalmente, los 8 periodistas son linchados por cerca de 40 pobladores.
A las pocas horas, el guía Juan Argumedo es detenido por los pobladores, al igual que el comunero Severino Huáscar Morales. Ambos personajes son interrogados sobre sus presuntas vinculaciones con SL; al caer en contradicciones, son asesinados por los comuneros. Al día siguiente, los familiares de Argumedo acuden a la comunidad para averiguar lo ocurrido, son detenidas, juzgadas y finalmente liberadas bajo amenaza de no contar a nadie lo ocurrido.
Recién el 29 de enero se conoce lo ocurrido en Uchuraccay. Al día siguiente llegan a Ayacucho varios periodistas para cubrir la noticia, así como los familiares de las víctimas y algunos parlamentarios, a la par que un juez toma el caso, sin estar en su jurisdicción y procede al levantamiento de los cadáveres, sin presencia de un Fiscal. El 2 de Febrero el Gobierno nombra una Comisión Investigadora, presidida por el escritor Mario Vargas Llosa. Ese mismo día se nombra como Juez al magistrado Juan Flores Rojas.
La Comisión Investigadora realizó, el 7 de Febrero de 1983 una audiencia pública con los comuneros de Uchuraccay. En ella, los comuneros reconocieron los asesinatos de los periodistas y señalaron que los sinchis (división de la Policía encargada de la lucha antiterrorista en la sierra) dieron su anuencia a dicha forma de actuación. Asimismo, exigieron garantías para sus vidas y manifestaron respaldar al Presidente Belaúnde. El reclamo por la seguridad sería insistente, ya que los comuneros se habían enterado que SL tomaría represalias en su contra.
La historia que sigue a continuación no pudo ser conocida por los medios de comunicación en la época que se desarrollaron los hechos, pues el Comando Político Militar de Ayacucho, ante los sucesos de Uchuraccay, decidió cerrar el acceso a la zona para los periodistas.
Sendero Luminoso cumplió su amenaza: durante todo el año atacó a la comunidad de Uchuraccay. En especial, los ataques desarrollados el 20 de Mayo, el 16 de Julio y el 24 de Diciembre se desarrollaron las incursiones más violentas. Coincidieron los ataques con las celebraciones de fiestas religiosas, donde la población, originalmente dispersa para un mejor manejo de su piso ecológico, se encontraba concentrada en la Plaza del pueblo. Tiros a la cabeza, ahorcamientos, apredreamientos fueron la constante en esas masacres colectivas. Algunos miembros de la Infantería de Marina, en incursiones realizadas después de los ataques senderistas, amenazaban a los pobladores, les confundían con terroristas y les quitaban sus cosas. Esta constante se repitió durante buena parte de 1984.
Se estima que 135 comuneros, en una población de 470 habitantes, murieron en estas masacres. Los sobrevivientes, por la violencia imperante, se vieron obligados a huir. El desarraigo llegó a tal extremo que los sobrevivientes tuvieron que negar a su población de origen para evitar represalias. Solo pudieron regresar el 10 de Octubre de 1993, fecha que se ha convertido en la más importante para los comuneros.
El Informe de la Comisión Investigadora – Comisión Vargas Llosa – fue entregado a inicios de Marzo de 1984. Si bien tuvo escasos testimonios – debido a las distancias idiomáticas entre los miembros de la Comisión y los comuneros – se pudo reconstruir fehacientemente el contexto de violencia en que se desarrollaron los hechos, así como las circunstancias que rodearon al asesinato de los 8 periodistas. Como los comuneros, en la audiencia pública con Vargas Llosa, no habían señalado nada sobre los asesinatos de Argumedo y Huáscar, se dejó abierta la opción sobre la existencia de un diálogo previo (y fallido) entre los comuneros y los periodistas. Este diálogo se confirmó cuando se encontraron las fotos tomadas por Willy Retto momentos antes del linchamiento. Se negó la intervención directa de fuerzas del orden (cuestión comprobada por la CVR) y se admitió que hubo anuencia por parte de los sinchis sobre el accionar de los comuneros, no enmarcándose dicho apoyo a una política previa tomada por el Comando Político Militar.
La CVR sí discrepa de los argumentos brindados por la Comisión Vargas Llosa para explicar el porqué de los sucesos. La Comisión Vargas Llosa sostiene que se produjo un malentendido cultural entre dos “Perú” distintos: un “Perú Oficial” y un “Perú Profundo”, ubicando dentro de este último grupo a los campesinos. Vargas Llosa sostuvo que los comuneros eran parte de una civilización atrasada y violenta. La investigación de la Comisión Vargas Llosa pretendió explicar en términos “mágico – andinos” (sobre la base de mitos e historias prehispánicas) el accionar de los comuneros. Se presentó a las comunidades como un grupo cerrado, poco permeable a los cambios y a la influencia de otras culturas, cuestión que era falsa. Asimismo, se intenta sostener la tesis de un pluralismo jurídico extremo (vale decir, dos sistemas legales paralelos – el oficial y el comunal – sin contacto entre ellos), cuestión que se contraría con la actitud de los habitantes de Uchuraccay en reconocer a la autoridad civil y militar; y, a la vez, paradójicamente, las manifestaciones del sistema jurídico comunal fueron interpretadas como “cuestiones de supervivencia”.
La CVR apoya las conclusiones de la Comisión Vargas Llosa sobre la autoría del crimen a manos de los comuneros y la responsabilidad que cabe a Sendero Luminoso y a las autoridades civiles y militares de la época en los sucesos antes comentados. Pero señala que la comunidad de Uchuraccay no se encontraba anclada en el pasado, ya que contaba con una pequeña escuela, centros de comercio y una cierta tradición migrante, aunque en condiciones de pobreza. Se rechaza, en suma la visión “indigenista” y paternalista que la Comisión Vargas Llosa quiso imprimir a la caracterización de la población de Uchuraccay.
Los medios de comunicación se dividieron en dos posiciones: una posición no creía en la versión oficial de los hechos y utilizó el hecho, desde una perspectiva de izquierda, para efectuar duras críticas al gobierno de Belaúnde. Esta misma postura postuló que, en realidad, eran miembros de las Fuerzas Armadas los verdaderos autores materiales del crimen de los 8 periodistas. Fueron partícipes de esta postura El Diario de Marka (vocero de la izquierda en los primeros años de la década de los 80), La República y El Observador. La segunda posición, esgrimida por El Comercio y Caretas, daba más crédito a las informaciones oficiales sobre el caso, aunque no dejaron de investigar el tema con rigor. Fue esta postura la que más cerca estuvo de la verdad de los hechos.
Finalmente, el proceso judicial duró 5 años, sentenciándose a tres de los comuneros, Aún el caso no se cierra, ya que aún se mantienen órdenes de captura a comuneros involucrados en el crimen, muchos de los cuales ya han muerto víctimas de SL. El proceso tuvo irregularidades, como las mencionadas sobre el juez que se autoproclamó competente para ver el caso. Se acusaron a 17 comuneros, de los cuales sólo se pudo detener a 3. El juicio oral se desarrollo con dificultades a causa del idioma, a pesar de que hubo traductores en esta parte del proceso. Los acusados se mostraron sumisos y subordinados a los jueces. El Comando Político Militar de Ayacucho no colaboró con la investigación. Luego que el Fiscal ayacuchano pidiera que el caso fuera mantenido en reserva hasta que se capturara a los 14 comuneros acusados no habidos y se liberara, por falta de pruebas, a los 3 detenidos, el proceso fue trasladado a Lima. No se hicieron diligencias especiales en la localidad, no comprobándose la migración masiva de los sobrevivientes, ni las masacres cometidas en contra de los comuneros.
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