Desde el Tercer Piso

El gobierno de Alan García está en camino de crear un nuevo mártir: Alejandro Toledo Manrique.

Y es qe la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República no ha tenido mejor idea que declarar procedente la acusación presentada por el Partido Aprista Peruano en contra del ex Presidente y de los ex Ministros Alejandro Tudela Chopitea y Marciano Rengifo. Ello implica que podrá iniciarse una investigación sobre el caso.

¿El motivo de la acusación? El allanamiento del Perú ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del penal Castro Castro, en 1992.

Como lo hemos mencionado en múltiples oportunidades, dicha acusación carece de fundamento, toda vez que el allanamiento se debió a que el caso era lo suficientemente claro: habían existido ejecuciones extrajudiciales ordenadas por un gobierno de facto, que constituyen violaciones a los derechos humanos.

¿Cuál es la supuesta base legal de la acusación? Los artículos 38, 44, 45, 51, 118 y 205 de la Constitución. Veamos ahora, articulo por artículo, lo poco serio de esta denuncia.

“Artículo 38°: Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumpliir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación”.

Se dice que Toledo vulneró este artículo “al no proteger los intereses nacionales” por permitir que se condene al Estado y se pague a terroristas. Pero, como lo hemos mencionado en reiteradas oportunidades, la Corte nos sentenció por vulnerar derechos humanos de un grupo de personas, sin importar su condición o no de delincuentes, y existían las evidencias suficientes para señalar dicho hecho. A los familiares de los muertos no se les indemniza por su condición de terroristas, sino por la condición de afectados en sus derechos, como fue en este caso. Además, se olvida que “respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación” implica respetar los pactos internacionales (que son parte del ordenamiento jurídico), las sentencias emitidas por órganos jurisdiccionales internacionales y reconocer la responsabilidad internacional del Estado cuando ésta se haya producido.

“Artículo 44°: Son deberes promordiales del Estado: defender la soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación”.

Si el deber del Estado es garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y, en este caso, particular se había comrpobado la vulneración de los mismos, ¿dónde se encuentra el incumplimiento del deber del Estado hecho por Toledo?

“Artículo 45°: El poder del Estado emana de pueblo. Quienes lo ejercen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen”.

Nuevamente, si se cumplió con el deber estatal dentro de los límites impuestos por el Estado, entonces, ¿dónde está la infracción?

El artículo 118° señala la larga lista de atribuciones y responsabilidades del Presidente de la República. Pero consignaremos dos de ellas que contradecirían el sentido de la acusación. El inciso 1, que habla de “Cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, las leyes y demás disposiciones legales” y el inciso 11, “dirigir la política exterior y las relaciones inernacionales; y celebrar y ratificar tratados“.

Finalmente, se ha dicho que no se agotó la vía interna en este caso, pues el artículo 205° de la Constitución exige agotar la jurisdicción interna antes de acudir a una instancia internacional de defensa de derechos fundamentales. Sin embargo, el agotamiento de la vía interna tiene excepciones en la Convención Americana de Derechos Humanos: inexistencia del debido proceso (cuestión que ocurría durante la década fujimorista), impedimiento de agotar la vía interna (que fue una de las vulneraciones consagradas en el caso) y retardo injustificado para resolver el caso (que también se ha producido).

Este texto no procura ser una defensa de Alejandro Toledo. Por el contrario, creemos que el Presidente tiene que responder ante acusaciones mucho más serias que estas, como el caso de las firmas falsas de Perú Posible. También consideramos que el ex mandatario no hizo las reformas institucionales que debieron ser el centro de su presidencia y hoy estamos pagando las consecuencias de ello.

Sin embargo, no podemos ocultar que, a todas luces, se intenta desviar la atención pública con una acusación constitucional sin mayores fundamentos y que no se quiere discutir el tema de fondo: las ejecuciones extrajudiciales en el penal Castro Castro y la responsabilidad del Estado peruano por las mismas. El gobierno aprista pretende seguir encubriendo a Fujimori para protegerse a si mismo y para ello utiliza maniobras como esta.

Estamos avisados.

A Rafael Rey no se le puede tachar de deshonesto e inconsecuente.

Sin embargo, se le puede señalar claramente como una persona contraria a los derechos humanos.

Rey fue, en su momento, uno de los votantes a favor de la Ley de Amnistía, se ha mostrado en contra de procesar a militares por violaciones a los derechos humanos y, of course, fue uno de los principales detractores y atacantes del trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

Incluso Rey, en un célebre artículo escrito en septiembre de 2003, llegó a citar al almirante Emilio Massera, uno de los responsables de la desaparición y muerte de miles de personas durante la dictadura militar argentina, quien señaló que no debía ser procesado pues “habían librado una guerra justa” y que “en toda guerra hay muertos”.

Esa postura, lindante con el facismo más ramplón, es la que ha caracterizado durante toda su trayectoria política.

Claro, la diferencia es que, ahora, Rey es parte del gobierno y se ha convertido - como diría incluso Xavier Barrón - en el “escudero” de Alan García. Es decir, ha sido rebajado de socio de Unidad Nacional a un émulo de Gustavo Pacheco en la anterior administración.

Pues otra cosa no puede decirse luego de la última jugada que uno de sus alfiles ha hecho en el Congreso.

Como saben, Unidad Nacional obtuvo 17 congresistas. Uno de ellos, José Luna Gálvez, ha vuelto a ser suspendido en su cargo por un juicio pendiente que tiene por haber recibido dinero de Montesinos para convertirse en un “topo” dentro de la oposición democrática a la dictadura fujimorista.

Su reemplazante es el ex regidor y actual secretario general de Renovación Nacional - el partido de Rey - Wilder Ruiz. Y ya muchos en Unidad Nacional desconfiaban de su lealtad para con la bancada. El día de ayer se comprobó que dicha lealtad simplemente no existe.

Ruiz ha anunciado la presentación de un proyecto de Ley para el retiro parcial del Perú de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En realidad, es la reactivación de un proyecto elaborado por su jefe en el año 2003.

Y aunque Rey adelantó hace unos días que sus tres congresistas se allanarían al pedido, parece que Ruiz está solo en esto. En declaraciones de hace unas horas, Michael Urtrecho, congresista perteneciente a Renovación, ha dicho que recién tomarán una posición sobre el tema, pero que él se encuentra en contra de la medida pues podría abrir las puertas a implantar la pena de muerte en el Perú, cuestión con la que se encuentra en desacuerdo. El otro parlamentario de Renovación, Luis Galarreta, no se ha pronunciado sobre el tema.

Rey parece haberse convertido en un operador importante del gobierno. Como lo hemos dicho antes, el creciente ritmo autoritario del gobierno viene atrayendo a quienes colaboraron directa o indirectamente con la dictadura de la década pasada. Este es un ejemplo más de ello.

UPDATE (23/01/2007): Dado que no tendría el respaldo de su bancada para la presentación del proyecto de Ley, Wilder Ruiz acaba de anunciar que retiraría su controvertida propuesta.

MAS SOBRE EL TEMA:
Perú.21: Alistan proyecto para retiro del Perú de CIDH.
La República: De Operadores y Escuderos.
Michael Urtrecho: Propuesta de Wilder Ruiz es a título personal.
Utero de Marita: Enroque: entra Rey