Desde el Tercer Piso

Dicen que existen sucesos que indignan tanto que hasta las personas más calmadas y controladas necesitan hacer una catarsis para sacudirse de aquella rabia suscitada por actitudes que uno, francamente, no termina de entender.

El ejemplo que podremos a continuación es emblemático de lo que muchos sentimos y que quisiéramos hacer en público, con relación a las actitudes tomadas por el Presidente de la República en las últimas dos semanas (y que cualquier persona con dos dedos de frente, francamente, no terminaría de entender).

Esta mañana, Salomón Lerner Febres, Rector Emérito de la PUCP y presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, tuvo una reveladora entrevista en el programa “No Hay Derecho“, emitido por Radio San Borja y producido por el Instituto de Defensa Legal.

Como lo mencionó OcraM al final de la campaña electoral, las dudas hamletianas de Lerner antes de la segunda vuelta reflejaban lo que la civicada sentía antes de tomar aquella decisión difícil: o el voto en blanco o votar por Alan poniendo condiciones y/o por temor a Humala, dado el pasado negativo en materia de corrupción y derechos humanos del actual Presidente - y de algunos miembros del Partido Aprista o de la plancha presidencial.

Hoy, nuevamente Lerner vuelve a reflejar el sentir de este sector y de buena parte del país. Y vaya de que manera. A continuación, los aspectos más saltantes de dicha entrevista.

Sobre el rol de Jorge del Castillo en la extradición de Fujimori:

“Yo tengo la mejor de las opiniones del doctor Jorge del Castillo, pero pienso que tiene un peso propio y debería hacerlo sentir de una manera mucho más contundente frente a los pronunciamientos que pueda hacer el propio García, ya sea conversando con él o dando su punto de vista (…) Tendría que ser una palabra fuerte y última. Creo que hay un retroceso muy grande en el tema de la extradición de Fujimori. El doctor del Castillo sabe bien y lo demostró en el pasado, que Fujimori es una persona deshonesta que cometió crímenes horribles y que tienen que ser juzgada y extraditada. La tesis de separar a Montesinos de Fujimori es una tesis que sólo la defienden los fujimoristas. Esa tesis no la podemos aceptar. Es una absoluta inconsecuencia y un insulto, mirado a la inteligencia de Fujimori”.

Sobre el estilo del Presidente Alan García:

“Una vez que ha alcanzado el poder, lo cual es admirable porque luego de hacer un gobierno tan malo, con críticas muy serias relacionadas a fondos públicos y derechos humanos, haya podido luego venir y ganar la presidencia. Esto debe generar una sensación de omnipotencia, que hace que se olviden las cosas y surjan una especie de voluntarismo muy grande que llega a actitudes inelegantes con sus propios ministros. Por ejemplo, hacer que un ministro haga piruetas como un mono, para que la gente se ría de él, o llamarlos por teléfono para darles órdenes o desmentirlos públicamente.

Decir que habría que despresidencial la presidencia, eso es minar a su propio gobierno. Esto es una falta múltiple de parte del presidente, de tener una actitud así y de parte de quienes les hacen el juego. Debería serenarse más. (…) Si no hay una especie de verdadero diálogo e interrelación en las políticas de los diversos aspectos, vamos a crear un gobierno medio Frankenstein que no redunda en el beneficio del país”.

Sobre la tendencia autoritaria del gobierno:

“Sin dejar de ser García el mismo del año 85, ha aprendido algo. La postura autoritaria rinde dividendos porque en el Perú tenemos una cierta fascinación y deslumbramiento por lo autoritario, aquel que muestra autoridad, a ese se le supone fuerte, con ideas consistente, que sabe a donde va. Creo que ha aprendido que hay que manejar las cosas, haciendo uso omiso a lo que discrepan de uno y sentando la mano fuerte, siempre y cuando se cumplan diversas condiciones que en su momento Fujimori también las asumió”

Sobre la detención arbitraria de 8 campesinos por emboscada terrorista en Machente:

“Hay un manejo en la conducta de los peruanos que es poco razonable que encasilla a la gente, juzgan a las personas y a las conductas. En eso no hemos avanzado nada, el gobierno no hace nada para sacarnos de ese camino errado, del facilismo. Estas pobres personas fueron detenidas porque había que responder de inmediato a una acción”.

¿Dirá algo sobre esto algún representante del gobierno?

El día de hoy los limeños hemos tenido que pasar las de Caín para llegar a nuestros respectivos centros de labores, salvo que tengamos un auto particular o nos hayamos tenido que trepar en el estribo de las pocas unidades de transporte público.

El motivo: un paro acatado por la mayoría de transportistas urbanos, cuyo motivo principal es el no pago de papeletas, las que consideran como arbitrariamente impuestas, debido a los convenios entre la Policía Municipal y las municipalidades que les otorgan a estas últimas un porcentaje de lo recaudado por multas. Asimismo, reclaman para que no se les retenga el brevete cuando se cumplen determinado número de infracciones.

¡Aguanten el carro!

Creo que todos los que padecemos el transporte de nuestra ciudad sabemos que - salvo honrosas excepciones - buena parte de los choferes que manejan combis, coasters y omnibuses no respetan las señales de tránsito, hacen carreras para ganar pasajeros a toda costa y paran donde quieren (aunque en esto último, también tenemos responsabilidad los pasajeros por hacerlos parar en “paraderos” cada día más inverosímiles, “bajan rompemuelles” escuché hace 2 semanas). Y claro, cada una de estas conductas suponen una infracción al Reglamento de Tránsito, por ya no hablar de quienes manejan sin tener el brevete profesional requerido para operar una de estas unidades.

La ley debe ser igual para todos y los transportistas deberían entenderlo. Si quieren ganar más no es necesario que pongan en peligro la seguridad de las personas ni cometer infracciones. La lógica de una competencia salvaje donde lo tengo que cerrar al otro para ganar es una de esas herencias perniciosas de los años noventa, donde el libre mercado se entendió como una jungla sin regulación.

Así lo han entendido los transportistas, que se quejan de todo: quieren que el Estado subvencione la gasolina, que elimine el medio pasaje, que les elimine multas. Es decir, que se incumplan las normas para que ellos puedan ganar “alguito más”. ¿No estamos perdiendo la dimensión de las responsabilidades y del deber en medio de la competencia?

Pero a lo que venía a la oficina, escuché en RPP a un chofer de una unidad de transporte urbano que denunciaba la forma en cómo las empresas de transporte operan para con sus choferes y cobradores. Según lo que denunció esta persona, para entrar a manejar una de las unidades de la empresa, el chofer y el cobrador deben pagar de su propio peculio 50 soles para seguir un curso de seguridad vial dado por la Municipalidad de Lima. Pasado este curso y obtenido un carnet, entran a trabajar, pero no bajo un contrato de trabajo, sino que hacen al chofer total y absolutamente responsable de lo que pase a la unidad, sin que la empresa se irrogue responsabilidad alguna, es decir, no hay vacaciones ni feriados ni beneficios sociales.

Un ambiente saludable de trabajo crea trabajadores satisfechos con su labor. Ello no ocurre en este sector laboral. Sin embargo, ello tampoco justifica que choferes y cobradores traten a los pasajeros como ganado y que, ante cualquier reclamo, nos respondan de la peor manera.

El tema de fondo, a mi modo de ver, es que nadie entiende que el transporte urbano es un servicio público.

Ya hemos visto de sobra como los choferes y las empresas no lo entienden de esa manera, pero el Estado, desde la década de los 90, ha contribuido a esta mala percepción.

Al amparo de las facultades delegadas por el Congreso, en 1991 el gobierno de Fujimori emitió una serie de normas en materia económica que desregularon una serie de mercados, con los excesos conocidos en perjuicio de la población y de los trabajadores.

Para este caso, nos importan dos normas, el Decreto Legislativo 640, sobre libertad de rutas de transporte y el Decreto Legislativo 651, sobre libre competencia en las tarifas de servicio público de transporte urbano.

El Decreto Legislativo 640 fue derogado por el Tribunal de Garantías Constitucionales - antecesor del actual Tribunal Constitucional - pues vulneraba la Constitución de 1979, que otorgaba a la regulación del transporte y del tránsito a los gobiernos locales y no al Parlamento. Pero, una vez dado el golpe de Estado de abril de 1992, Fujimori repuso el decreto de inmediato.

A ello se sumó el hecho de que el Estado no tuviera una política de incentivo a determinadas actividades y responsabilidad social durante esos años. ¿En qué sentido? En que muchos trabajadores públicos fueron invitados a “renunciar” a sus labores a cambio de un incentivo económico. Muchos de ellos apostaron por el transporte urbano como medio de subsistencia, sin que el Estado capacitara a los nuevos empresrios para el desarrollo de esta actividad y sin regular un mercado que, a la vez, es un servicio público.

El resultado de todo esto: el caos vehicular que vivimos hoy en día. Y hasta el día de hoy los alcaldes no recuperan estas facultades del todo, por lo que este desorden persiste hasta el momento.

Sin duda, he aquí un problema más complejo que la mala educación de los choferes a resolver y en el que el Estado debería tomar cartas. ¿Lo entenderá así la Ministra de Transportes y Comunicaciones?