Desde el Tercer Piso

Ayer los aprestos autoritarios de los que ha venido haciendo gala el Presidente de la República, así como un grupo de parlamentarios del oficialismo y un sector de la prensa que comparte un desprecio por los derechos humanos y la institucionalidad democrática sufieron dos reveses que son dignos de comentar.

PRIMER ESPALDARAZO PARLAMENTARIO A LA CVR

El primero de ellos es la declaración firmada por 69 congresistas de todas las bancadas en el que se comprometen a actuar conjuntamente para el desarrollo legislativo de propuestas en tres temas vinculados con las recomendaciones propuestas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

La propuesta, impulsada por los congresistas Güido Lombardi, Rosario Sasieta, Elizabeth León y Víctor Mayorga, supone un trabajo parlamentario enfocado en tres temas centrales:
a) Derecho a la identidad. Con prioridad de la situación de niños y niñas que permanecen hoy indocumentados, particularmente en zonas rurales de los andes y la amazonía.
b) Desarrollo de programas integrales de atención a la salud mental para las víctimas de la violencia.
c) Reformas y modificaciones pertinentes en la currícula educativa, con la finalidad de incorporar los aspectos sustantivos del Informe Final de la CVR referidos a la verdad y la reconciliación.

Tal ha sido el consenso sobre estos temas que se ha congregado a buena parte de las bancadas de UPP, Partido Nacionalista y Alianza Parlamentaria (en este último caso, a la bancada completa, así como a conspicuos líderes del Partido Aprista como Jorge del Castillo, Mercedes Cabanillas, Luis Alva Castro, Aurelio Pastor y Luis Negreiros. Incluso dos integantes del fujimorismo - Rolando Reátegui y Cecilia Chacón - y la segunda vicepresidenta de la República han firmado esta declaración.

Como era de esperarse, las firmas de personajes como Mauricio Mulder, Lourdes Alcorta, Luis Giampietri, Keiko Fujimori y Luisa María Cuculiza no aparecen ni por asomo en el documento.

Además de los temas importantes a ser tocados a partir de la legislatura que comenzará en marzo, es resaltante que los firmantes señalaran, en el primer párrafo del documento, lo siguiente:

“El reconocimiento al diagnóstico profundo de la realidad formulado por la CVR en su informe final de agosto de 2003, así como a los contenidos sustantivos de las recomendaciones allí contenidas, nos persuaden a promover un amplio debate en este renovado Congreso de la República, con la finalidad de establecer pautas de acción que puedan ser asumidas de manera conjunta por sus miembros, independientemente de la filiación o pertenencia a las diferentes organizaciones políticas que se encuentran hoy representadas en el Parlamento Nacional”.

A LA PENA DE MUERTE LE DIERON VUELTA

La segunda noticia buena venida desde la Plaza Bolivar fue el archivamiento del proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo para aplicar la pena de muerte para casos de terrorismo.

Es evidente que el Estado tiene que hacer algo para detener a los remanentes de Sendero Luminoso que aún operan, pero ello no se puede hacer apelando a los mismos métodos que este grupo de personas cometían. Los miembros de los grupos subversivos se irrogaron la potestad de decidir quien merecía o no seguir viviendo en nombre de lo que ellos calificaban como “el bien común”, y de lo que desde la mayor parte de la sociedad se calificó como desprecio por la vida humana y que demostró el carácter totalitario y de desprecio por los derechos humanos de estas organizaciones. Los denominados “ajusticiamientos populares”, los asesinatos selectivos y las masacres colectivas cometidas por Sendero Luminoso y el MRTA constituyen una muestra de hasta donde puede llegar el desprecio por la vida humana.

Sin embargo, el Estado no puede actuar con la misma lógica con la que actúan los grupos subversivos en nombre de la pacificación. Existe una deslegitimación factual de las acciones del Estado para enfrentar a la subversión si es que éstas se basan en la vulneración de los derechos humanos. Lo ocurrido durante los años del conflicto armado interno nos mostró que es lo que el Estado no debe hacer en estos casos. Si bien era inevitable y legítimo que los gobiernos democráticos declararan estados de excepción y que se utilizara a las Fuerzas Armadas en el combate contra los grupos subversivos, el Estado no tomó las previsiones necesarias para impedir que los derechos fundamentales de la población fueran atropellados, desatendiéndose las denuncias sobre las vulneraciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas del orden y, en algunos casos, garantizando la impunidad de los responsables de las mismas. Ello hizo que se produjera numerosas violaciones a los derechos humanos por parte de los agentes estatales que, en algunos lugares y momentos, fueron prácticas generalizadas o sistemáticas de violaciones a los derechos humanos.

La aprobación de la pena de muerte para casos de terrorismo hubiera implicado que el Estado peruano no aprendió la lección de los años de violencia. Las estrategias contrasubversivas que apelaron a la eliminación de población civil resultaron contraproducentes no sólo por razones de principio, sino también por cuestiones prácticas: la represión indiscriminada postergó la ruptura entre Sendero Luminoso y los sectores más pobres del campesinado y no evitó la expansión de las acciones armadas a otras zonas del país.

A ello se suman los argumentos ya dados por diferentes estudios o personas especialistas en la materia: la pena de muerte no es disuasiva, en el caso de terroristas podría convertir en mártires a los ejecutados e implicaría la renuncia al sistema interamericano de derechos humanos. La condena de la Unión Europea a esta iniciativa gubernamental, añadida a la sensibilidad mundial por la ejecución de Saddam Hussein nos hubiera implicado un papelón internacional de dimensiones mayúsculas, sumado a lo que hubiera significado que alguien que se proclame socialdemócrata apele a los sentimientos más primarios de la población y a los sectores más reaccionarios de la política y el periodismo peruanos.

Porque sólo como reaccionario e insensato se podría calificar un comentario sobre la pena de muerte con el que un conocido editorialista se lamenta la desaprobación de la medida. Aquí, va el párrafo final:
“Y estoy a favor de la pena de muerte en un sentido laico, al margen de creencias religiosas u opiniones clericales. La apruebo abiertamente porque me gusta polemizar contra el discurso ‘políticamente correcto’ y castrante a nivel intelectual de la izquierda y de la Iglesia”.
(Aldo Mariátegui, “Sobre la Pena de Muerte”, Correo)

El tema de fondo es que muchos consideran las torturas, los asesinatos y las matanzas como necesidades de la guerra, frente a las cuales no cabe ninguna denuncia o intento de llevar a la justicia a sus perpetradores, pues para esta gente significaría apuñalar por la espalda a quienes combatieron al senderismo. Ese desleznable argumento nos llevaría a que Telmo Hurtado, el asesino de Accomarca, Alvaro Artaza, el marino que fue el terror de Huanta o los miembros del Grupo Colina sean santificados como héroes nacionales y no como lo que son, asesinos de inocentes.

Y SIN EMBARGO

No obstante estas dos victorias, es totalmente preocupante el ritmo crecientemente autoritario con el que el Presidente de la República viene conduciendo su gestión gubernamental.

Veamos los hitos de esta preocupante tendencia presidencial y gubernamental:
- La inclusión como primer vicepresidente de la República de Luis Giampietri Rojas, personaje con un discurso contrario a la defensa de los derechos humanos e involucrado en los sucesos de los penales de 1986, así como en acusaciones de corrupción durante la época de Alberto Fujimori. A ello se suma la presencia como Ministro de la Producción de Rafael Rey, hombre ligado al fujimorismo durante la década pasada, quien votó a favor de la indignante ley de amnistía.
- El desinterés en la lucha contra la corrupción y en la extradición de Alberto Fujimori.
- Ley que modifica las facultades de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, con el fin de controlar los proyectos de las ong’s. Esta norma fue claramente una vendetta del APRA, Unidad Nacional y el fujimorismo contra as organizaciones no gubernamentales involucradas en temas de institucionalidad democrática, derechos humanos, lucha contra la corrupción y defensa del medio ambiente.
- La reciente confraternidad con el mandatario más autoritario de la región, Hugo Chávez Frías.
- Sus proyectos para imponer la pena de muerte para violadores y terroristas, que ocasionarían la salida del Perú del sistema interamericano de derechos humanos. su único apoyo: quien más, el fujimorismo. Por cierto, ahora derrotado políticamente, García busca un referéndum, imposible de cumplir de acuerdo con la Constitución, que prohibe este tipo de consultas para la disminución de derechos fundamentales.
- El maltrato del que vienen siendo objeto 8 campesinos, acusados sin pruebas de ser los responsables de las condenables muertes de 8 personas a manos de Sendero Luminoso.
- Las leguleyadas con las que se intenta evadir el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Penal Castro Castro y el no reconocimiento de que se produjeron ejecuciones extrajudiciales en 1992.
- La exagerada postura de parte de la bancada aprista de acusar constitucionalmente a Alejandro Toledo por los allanamientos del Perú ante el sistema interamericano.
- La mentira del Presidente al señalar que existían 1,208 casos pendientes ante la Corte Interamericana, cuando sólo existía 1 en dicha instancia y 195 ante la Comisión Interamericana, que no necesariamente llegarán todos a la Corte.
- La ofensa a la familia del campesino ayacuchano Bernabé Baldeón, amparado por la Corte Interamericana al haber sufrido torturas seguidas de muerte en 1990 y al que acusó sin pruebas de ser terrorista. A García no le ha quedado otra que disculparse públicamente con la familia.

Todo esto sólo en 6 meses de gobierno.

Mientras tanto, Expreso, La Razón y Correo son los únicos diarios que lo aplauden, la votación de ayer demuestra su soledad y falta en reflejo al aliarse con un grupo autoritario y cuya única agenda es la protección de un delincuente y su crdibilidad comienza - si es que no ha terminado - de irse al tacho de la basura entre los sectores intelectuales y periodisticos del país, muchos de los cuales lo apoyaron frente a la amenaza autoritaria que representaba Ollanta Humala. Hoy, con su actitud, Ollanta Humala se da el lujo de aparecer como defensor de derechos humanos - por su posición contraria a la pena de muerte - y a Alejandro Toledo lo podrían convertir en Premio Nacional de Derechos Humanos, si es que siguen echando la culpa de una responsabilidad sobre un hecho que no le corresponde a él, sino a Alberto Fujimori.

Cuando AGP asumió el poder, dijimos que tenía una oportunidad histórica para hacer un buen gobierno. Hoy es hora de decirle al Presidente que debe enmendar rumbos, pues el camino que viene escogiendo lo aleja cada vez más del estadista que dice ser y lo acerca más a un carnavalesco y patético autócrata, de aquellos que han pululado tanto en América Latina. Para eso no lo elegimos, Dr. García. No queremos un gobierno cuyo aroma sea el del colector de La Chira.

MAS SOBRE EL TEMA:
Augusto Alvarez Rodrich: García y Fujimori.
Alan García: Referéndum para la pena de muerte.
Jorge del Castillo: Ejecutivo descarta otros mecanismos para aplicar pena de muerte a terroristas.
Aurelio Pastor: A Alejandro Toledo no se le podría acusar por allanamiento ante la CIDH.
Raúl Castro: Pena de muerte contra violadores también sería archivada.
Perú.21: 69 congresistas apoyan recomendaciones de la CVR.
Javier Valle Riestra: Pena de muerte no es disuasiva.
Declaración de Congresistas para impulsar y tomar medidas que contribuyan a la debida atención de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
La República: Carta de familiares de Bernabé Baldeón García al Presidente de la República.
Editorial de Caretas: Fusilándose el pie.
IDEHPUCP: Comentarios al Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo sobre pena de muerte para terroristas.
Carlos Raffo: Congreso “se chupó” al no aprobar pena de muerte para terroristas.

Esta entrada fue escrita el Jueves, 11 de Enero de 2007 a las 3:50 pm y archivada en Alan García, Corte Interamericana de Derechos Humanos, derechos humanos, fujimorismo, pena de muerte. Puedes seguir cualquier respuesta a esta entrada a través del feed RSS 2.0. Puedes dejar una respuesta, o trackback desde tu propio sitio web.