Desde el Tercer Piso

Algunos nombramientos, elecciones y casos que sacan roncha

Como bien me dijo Marco Sifuentes vía su página web, la elección de Francisco Távara como presidente del Poder Judicial era más un lunar en medio de la ciénaga en que se ha convertido la administración de justicia en nuestro país. Cuestiones que han pasado en estos días, entre elecciones, nombramientos y decisiones judiciales o políticas dan mucho que pensar sobre esta materia. Veamos:

1. En el Colegio de Abogados de Lima, ha sido elegida como Decana Luz Aurea Saenz. Para los más jóvenes, Saenz fue Contralora General de la República nombrada por Alan García Perez en 1987 y nada de la corrupción de aquel gobierno fue investigado. Su premio: ser candidata al Congreso por el Partido Aprista en el 2001. Para mayores señas “compañeriles”, es profesora principal de la Universidad Federico Villareal, la universidad más aprista del país (más incluso que la Nacional de Trujillo).

Muchos dirán, pero si el CAL es un órgano privado. Sin embargo, esta entidad debe velar por la ética profesional de los abogados - no en vano nos obligan a hacer un curso de 200 soles para poder tener el título y obligarnos a colegiarnos para ejercer la profesión - y ser un actor importante en el impulso de la reforma de la justicia. Pero de un tiempo a esta parte el CAL viene reflejando el deterioro de la profesión en todos sus aspectos, tanto en su calidad académica como ética. En esta década los abogados de Lima no han tenido un Decano que merezca tal nombre. Tengo que remontarme a los nombres de Andrés Aramburú, Jorge Avendaño, Raúl Ferrero y Delia Revoredo, durante la década pasada, para encontrar nombres de fuste a la cabeza de una institución que debería velar mejor por los abogados y por su calidad. No lo olvidemos: todos los magistrados que tenemos en el Poder Judicial y en el Ministerio Público son abogados. Allí está la cantera de los malos jueces y fiscales.

2. La Corte Superior de Lima estará encabezada por un personaje cuestionado: Angel Romero Díaz. Romero Díaz es también vinculado al Partido Aprista, pues fue su personero legal en el 2001, en la campaña del come back de Alan.

Pero Romero es conocido también por ser abogado de casinos y tragamonedas, entidades que para operar han convertido al proceso de amparo en una broma y a la competencia de un juzgado en el peor chiste de Carbonell. Así, un casino de Jesús María puede operar con un amparo emitido en el juzgado civil de Cajamarca. No, no es broma.

Romero Díaz, además, fue abogado defensor de Luis Duthurburu Rojas, uno de los testaferros de Vladimiro Montesinos.

Buscando información sobre este vocal, me encontré que también es un incipiente blogger.

3. La Ventana Indiscreta ha publicado un reportaje sobre Moises Tambini del Valle, el jefe de los procuradores, o para decirlo en bonito, el Presidente del Consejo de Defensa Judicial del Estado.

El reportaje da cuenta de los vínculos de sus familiares con Fernando Zevallos, il capo di tuti capi del lavado de dinero, vía Aerocontinente. (Con razón su lema era “nacidos para volar”).

Como no podía ser de otra manera, el doctor Tambini está comprometido con los compañeros. Ha sido abogado de Alan García, ex jefe del Departamento Académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, ex candidato al Congreso por el APRA y promotor del Frente Social en el Cono Este. Por si fuera poco, fue diputado aprista entre 1985 y 1990.

Además, Tambini ha sido cuestionado en una anterior oportunidad, por poner obstáculos a la extradición del ex dictador Alberto Fujimori y a la investigación que la Procuraduría Ad Hoc hacía sobre Luis Giampietri, primer vicepresidente de la República, por malversación de fondos en compras de la Marina durante el fujimorato.

4. Como lo informamos hace unos días, el segundo juzgado penal supraprovincial ha archivado el caso de la desaparición y asesinato del periodista Jaime Ayala, ocurrida en 1984, así como otros casos de derechos humanos ocurridos en Huanta por miembros de la Infantería de Marina, como la masacre de 39 campesinos en Pucayacu.

Como señala La República:

“La mayoría de las 300 denuncias de desaparición recogidas por el Ministerio Público en Huanta entre el 1 de enero de 1983 y el 23 de agosto de 1984 sindican al cuartel de la Marina de esa ciudad como el lugar a donde eran trasladados los detenidos. La instalación militar estaba en el estadio de Huanta, ubicado a pocas cuadras de la Plaza de Armas. Entonces contaba con una cancha de fútbol, tribunas y camerinos donde dormían los oficiales.

Detenidos que fueron liberados relataron a la Comisión de la Verdad y Reconciliación que estuvieron en carpas ubicadas detrás de las tribunas que se escuchaban los gritos de los que eran torturados por las noches; y que los guardias que los cuidaban rotaban turno de día y noche. Por un mínimo de sentido común es imposible pensar que todo esto pudo haber sido hecho sin contar con el conocimiento de las autoridades militares de la zona“.

El caso también fue documentado en esa época por el programa Documento, dirigido por César Hildebrandt, e incluso mereció la salida del programa por presiones de la Marina de Guerra.

El principal responsable, Alvaro Artaza Adrianzén, conocido como “comandante Camión”, es no habido desde 1986. Viviría en Estados Unidos.

5. Finalmente, el Congreso de la República ha vulnerado una sentencia del Tribunal Constitucional. En dos oportunidades durante el presente año, el TC se ha pronunciado sobre la Ley N° Nº 28665, Ley de Organización y Funciones de la Justicia Militar Policial, ha cual ha sido cuestionada por una serie de razones que en su mayor parte han sido acogidas por el Tribunal.

En su sentencia Nº 0006-2006-PI/TC, el TC dijo:

“Disponer, respecto de las disposiciones inconstitucionales, una vacatio sententiae que, indefectiblemente, vencerá el 31 de diciembre de 2006 y que será computada a partir de la publicación de la presente sentencia, plazo que, una vez vencido, ocasionará que la declaratoria de inconstitucionalidad surta todos sus efectos, eliminándose del ordenamiento jurídico tales disposiciones legales. Precisar que el plazo de vacatio sententiae no debe servir solamente para la expedición de las disposiciones que el Legislador, en uso de sus atribuciones constitucionales, pudiera establecer, sino para que en dicho lapso se cuente con una organización jurisdiccional especializada en materia penal militar compatible con la Constitución“.

En cristiano, el Congreso estaba obligado por esta sentencia a tener lista una ley que regulara la justicia militar antes del 31 de diciembre. Sin embargo, vulnerando el respeto que todas las instituciones deben tener a los fallos del Tribunal Constitucional, nuestros otorongos aprobaron una norma que prorroga hasta el 15 de junio del 2007 la Ley de justicia militar cuestionada.

Con ello, el parlamento intenta tapar su inoperancia para hacer una norma y también delata las presiones que sufre de parte del Consejo Supremo de Justicia Militar, que sigue pretendiendo que los jueces y fiscales sean oficiales militares en actividad y que, además, vean otros delitos y, además no desean control alguno por parte del Poder Judicial. A través de su periodista favorito, Uri Ben Schmuel, ahora pretenden ver casos de narcotráfico, basados en las amenazas a jueces y fiscales, como si la solución real no fuese instalar mayores elementos de seguridad a los magistrados (o, como algunos pensamos, legalizarla).

Sin duda, la reforma judicial es uno de los temas pendientes que este gobierno debe resolver. Pero con personajes y decisiones como los antes comentados, el camino seguirá siendo empedrado.

Esta entrada fue escrita el Viernes, 15 de Diciembre de 2006 a las 3:13 pm y archivada en Colegio de Abogados de Lima, Poder Judicial, corrupción, derechos humanos. Puedes seguir cualquier respuesta a esta entrada a través del feed RSS 2.0. Puedes dejar una respuesta, o trackback desde tu propio sitio web.