Desde el Tercer Piso

Parece que el Congreso está empeñado en mandar a la horca a alguien. Según registra El Comercio:

“La Junta de Portavoces del Congreso acordó que el proyecto de ley que plantea la pena de muerte para los terroristas, presentado por el Poder Ejecutivo, sea debatido por el pleno en la presente legislatura, que termina el 19 de enero próximo, aún cuando no haya sido dictaminada por las comisiones de Constitución y Justicia“.

Y el argumento que da Javier Velásquez Quesquén es el siguiente:

“En otro momento, explicó que la pena capital, planteado para los casos de terrorismo, no es una reforma constitucional por lo que no necesita de dos legislaturas y que, además, está establecida en el artículo 140 de la Constitución. “Estamos hablando solo de una ley de desarrollo”, explicó“.

Tal parece que el congresista aprista ha olvidado sus clases de Derecho Constitucional y Derecho Internacional, que como abogado debe haber llevado. Pero como aquí tenemos Memorex Forte, le recordamos al “padre de la Patria” (y de paso, a todos los demás), lo siguiente:

En 1979, en consonancia con su retorno a la democracia, el Perú eliminó de su legislación penal y de su Constitución casi todas las causales de pena de muerte, con excepción de la traición a la patria en caso de guerra exterior.

Ese mismo año y conjuntamente con la aprobación de la Constitución de 1979, el Perú ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos, el instrumento internacional que permite a los peruanos a acceder a mecanismos de protección de los derechos humanos cada vez que el Estado infringe sus deberes. De carácter abolicionista, la Convención estableció lo siguiente sobre la pena de muerte:

Artículo 4. Derecho a la Vida:
2. En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente.
3. No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido.
4. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes conexos con los políticos.
5. No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de setenta, ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez.
6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante autoridad competente.

En otras palabras, ya que el Perú decidió mantener la pena de muerte para un solo supuesto, no podía ampliar su aplicación a otros delitos a los que no se aplique en el momento de ratificación de la Convención Americana.

En 1993, Fujimori, leal como siempre a su máxima “hecha la ley, hecha la trampa” amplió en la Constitución de 1993 - de contrabando - los supuestos de pena de muerte. Este artículo dice a la letra lo siguiente:

“La pena de muerte sólo puede aplicarse por el delito de traición a la patria en caso de guerra, y el de terrorismo, conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte obligada”.

Para evitar que el Perú pueda “sacarle la vuelta” a la norma y aplicar la pena de muerte por casos de terrorismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una opinión consultiva, estableció que cada vez que el Estado emita una norma manifiestamente contraria a las obligaciones asumidas por un Estado al ratificar o adherir a la Convención, constituye una violación de ésta y, en el caso de que esa violación afecte derechos y libertades protegidos respecto de individuos determinados, genera la responsabilidad internacional de tal Estado.

Es decir, en términos no jurídicos, la simple expedición de esta norma ya vulneraba la Convención Americana y, en caso de ejecutarse a alguien, el Estado peruano tendría responsabilidades internacionales que asumir muy serias por este tema. Este hecho, sumado al intento de “acuerdo de paz” que Guzman y Montesinos hicieron en 1993, evitaron que se aplique esta pena.

Para decirlo en cristiano, si el Congreso emite una “norma de desarrollo constitucional” vulneraríamos nuestros compromisos internacionales y haríamos otro papelón ante la comunidad internacional, dado que una demanda en la Corte Interamericana (e incluso, aquicito nomás, en el Tribunal Constitucional).

Y en el colmo del desparpajo, Velásquez Quesquén llegó a decir que: “esta decisión es una de las respuestas enérgicas ante el recrudecimiento del narcoterrorismo en la zona del valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE), y que acabó con la vida de cinco policías y tres civiles“.

El efectismo le gana la partida a la inteligencia. La barbarie la pretenden combatir con la barbarie. La estupidez y la insensatez pretenden reducir la solución a meter bala y fusilar gente.

Como hace un tiempo dijimos, el Presidente de la República ha cambiado de canción preferida. Ya no es “El Rey”, como en su periodo anterior, o “La Vida es un Carnaval”, como durante la campaña electoral. Ahora parece que el tema a cuyo son nos quiere hacer bailar es “Yo soy la muerte”, de El Gran Combo de Puerto Rico. Y a ese son nos quiere hacer bailar con esa canción a todos los peruanos, con el aplauso de las Alcortas y las Cuculizas, de los García Miró y los Alditos, olvidando las lecciones de los años que luchamos contra el terrorismo: más inteligencia, menos efectismo, no violar los derechos ciudadanos.

MAS SOBRE EL TEMA:
Salomón Lerner Febres: Retiro de la CIDH favorecería a Alberto Fujimori.
La República: No existe comando unificado para combatir al narcoterrorismo.
Carlos Tapia: “El problema es socioeconómico”.
La República: Pena de Muerte otra vez.

El lamentable y condenable suceso del último fin de semana en la provincia de La Mar, donde murieron 5 policías y 3 civiles a manos de miembros de Sendero Luminoso, no solo merece nuestro rechazo y congoja, sino también una reflexión serena, pero firme sobre lo que se debe (y lo que no se debe) hacer en estas circunstancias.

Considero que no debe magnificarse la magnitud del problema. Sendero Luminoso ha sido derrotado militarmente y no supone una amenaza real para la subsistencia del Estado peruano como lo fue en las décadas de 1980 y 1990.

Sin embargo, quedan aún dos columnas relativamente importantes de esta agrupación. La del Huallaga, liderado por el llamado “camarada Artemio” y la del VRAE (Valle de los Ríos Apurímac y Ene), que es la que efectuó la emboscada del último sábado.

El gobierno de Alberto Fujimori mantuvo a propósito la existencia de estos dos grupos. Sus afanes reeleccionistas necesitaban de una amenaza que hiciera que la población siguiera prefiriendo el autoritarismo como supuesta salvaguardia frente a la paz - que, por cierto, Fujimori no hizo nada por contribuir - por lo que descuidó cualquier intento de acabar con las organizaciones subversivas durante su periodo final.

En democracia, se tenía plena conciencia de lo que se tenía que hacer: un exhaustivo plan de inteligencia en la zona, un comando policial militar suficientemente coordinado, equipado y conducido bajo una clara dirección política, y un plan de desarrollo integral de las localidades en las que aún se movían las columnas senderistas.

Asimismo, se tenía la convicción que no nos encontrábamos ante el mismo Sendero Luminoso ideologizado y fanático de décadas pasadas, sino ante una agrupación que buscaba aprovechar su posición como “ama de llaves armada” de madereros y narcotraficantes en los dos enclaves que aun conserva.

Sin embargo, a pesar de tenerse este diagnóstico acertado, poco se ha avanzó.

Los planes de paz y desarrollo no fueron adecuadamente implementados, no se dotó de suficientes recursos y capacidad a los comisionados por la paz y desarrollo y en el colmo de la estupidez, Toledo creyó que esos planes eran suficientes para reparar a las víctimas de la violencia, olvidando que su fin era otro: dotar de mecanismos de desarrollo alternativo a la población de la zona para que sintieran la presencia estatal. Este gobierno ni siquiera ha mencionado estos planes como parte de la estrategia (aunque esperaremos a mañana, que Pilar Mazzetti, Allan Wagner y Rómulo Pizarro anuncien lo que tengan que anunciar).

En lo que respecta al trabajo de inteligencia, existían reportes que informaban sobre las actividades en la zona, pero, de acuerdo a lo señalado por la Ministra y a lo que hemos podido confirmar por otros canales, ciertamente existió negligencia por parte del comando que envío a un grupo de jóvenes polícías a patrullar con pocos pertrechos y de noche, cuestión que es bastante arriesgada en el VRAE. Identificar claramente la posición y estrategia del contrincante es lo que se ha hecho a medias y que, en este caso, nos ha costado 8 vidas humanas.

Finalmente, las disputas entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional hicieron que no existiera una real colaboración entre ambas fuerzas. Es cierto que la principal responsabilidad - constitucional - de preservar el orden interno es de la Policía, pero, en este caso, son los militares quienes tienen mayor conocimiento y experiencia en la zona. Nuevamente, vemos aquí lo pernicioso de la corrupción: en la reciente visita que varios ministros hicieran a una de las bases militares instaladas en el VRAE, se hizo patente que los colchones de la tropa ni siquiera servían para los ejercicios de un fakir. El Ministro de Agricultura José Salazar tuvo que “poner de la suya” para comprar nuevos colchones, ante la vergüenza del entonces Comandante General del Ejército César Reinoso.

Estos son los verdaderos problemas que aquejan a la lucha contrasubversiva y no las monsergas que algunos políticos y medios comienzan a dar, nuevamente, contra el trabajo de la CVR o de las organizaciones de derechos humanos. Basta señalar que en el tomo IX de su extenso Informe Final, la Comisión de la Verdad y Reconciliación hizo referencia como uno de los retos de la reconciliación a la persistencia del conflicto armado interno en algunas zonas de nuestro país, de la siguiente manera:

“La violencia se mantiene en alrededor de dieciocho distritos y afecta la selva de Junín, Huánuco y San Martín. Han seguido las incursiones y las muertes, generando inseguridad. La población pide en algunos casos la presencia de los militares, en otras, su salida. Conviene señalar que las condiciones de combate a la subversión no se han modificado en cuanto a estrategia - que sigue siendo militar y no política. Nos parece que la reconciliación obliga a una nueva estrategia política y militar en las zonas de conflicto para que no se cometan los viejos errores y para conluir el conflicto de forma pacífica con la población en el más breve plazo. Esta nueva perspectiva exige la participación de los poderes del Estado en la toma de decisiones contra la violencia y la inseguridad aún existente“. (IF CVR, Tomo IX, página 79).

Quizás habría que recordar lo que dijo César Hildebrandt hace algunos años, cuando se descubrió la matanza de Cayara y que parafraseo hoy con relación a lo que ocurre en este momento. Soy enemigo viceral, moral, intelectual de Sendero Luminoso. Deseo que la democracia derrote al terror en una batalla complicada, no solo militar sino social, económica, etc. Hay que barrer con los abismos sociales que son el caldo de cultivo de la violencia. Yo quiero que mi país gane la última batalla contra la violencia, por eso me preocupa, porque estamos lejos y a la vez cerca de esa victoria.

OTROSI DIGO: Frente a la actitud de asunción de responsabilidades de Pilar Mazzetti y Allan Wagner, resulta poco menos que penosa y patética la actitud del Presidente de la República, quien nuevamente se ha pronunciado en favor de la aplicación de la pena de muerte para quienes sean responsables del delito de terrorismo. García nuevamente demuestra que quiere el aplauso fácil, la aprobación personal de 60% y satisfacer su elefantiásico ego, antes que plantear ideas, pues carece de las mismas. Convertirse en el vocero de una medida poco democrática, inviable jurídicamente y poco eficaz para la disuación del delito nos pinta de cuerpo entero que en Palacio de Gobierno hay una vocación mortícola y nos plantea la duda sobre si entre 1985 y 1990 esa misma vocación estuvo presente en el hombre que dirigía los destinos del país en aquel entonces.

MAS SOBRE EL TEMA:
Perú.21: Mazetti admite negligencia en el asesinato de policías. Wagner revela nombres de presuntos terroristas.
La República: El VRAE es el más grande productor de cloridrato de cocaína en el Perú.
Editorial de El Comercio: Por una acción militar policial decisiva.
APRODEH: Solidaridad con víctimas de emboscada subversiva en Ayacucho.
Augusto Alvarez Rodrich: Sendero, otra vez.
Mariella Balbi: El Nudo de Vizcatán.
Mirko Lauer: ¿Conocemos realmente al enemigo?
Fernando Rospigliosi: Es un problema de ineptitud.
Benedicto Jiménez: “Con la pena de muerte se alimenta una discusión esteril”.
Gino Costa: “Para combatir los remanentes subversivos se necesita una estrategia ofensiva con mayor inteligencia y presencia del Estado”.
Carlos Basombrío: ¿Podrán domar al bravo VRAE? (17/11/2006)
Utero de Marita: ¿Quién mató a los policías? VRAE (17/11/2006)