Desde el Tercer Piso

La vocación en luchar contra la corrupción por parte del Gobierno en entredicho

La lucha contra la corrupción no es una palabra que estaba en el vocabulario del actual Gobierno. Por lo menos, no de manera prioritaria.

Aunque el Plan de Gobierno del PAP contiene medidas bastante sensatas sobre la materia, durante el Debate Presidencial, Alan García no mencionó la reactivación de la Iniciativa Nacional Anticorrupción, tampoco dijo nada sobre el fortalecimiento del sistema judicial anticorrupción y la Contraloría General de la República, la mejora de la enseñanza como mecanismo preventivo.

Para culminar, García rehuyó cualquier compromiso sobre la extradición de Alberto Fujimori.

Esas dudas sobre su real compromiso con dicha tarea – fundamental en un país que pierde no solo la ética pública sino también recursos importantes por el manejo ilícito de los fondos estatales y privados - motivaron un Comunicado de un grupo de intelectuales para que los candidatos que pasaron a la segunda vuelta asumieran un compromiso genuino para combatir la corrupción y la impunidad. Solo el APRA se manifestó con un Compromiso de Lucha contra la Corrupción donde asumen varios acciones concretas en esta materia, aunque no mencionan la extradición de cierto extraditable en Chile como una de sus prioridades.

Sin embargo, ya en el gobierno, Alan García y su equipo han dado inequívocas muestras de que el tema no es su prioridad y que ha colocado a las personas inadecuadas para ver este tema. Veamos los siguientes botones:

1. El actual jefe de los procuradores, es decir, el Presidente del Consejo de Defensa Judicial del Estado, es el “compañero” Moises Tambini del Valle, cuyo apoyo a favor de las acciones de la Procuraduría Ad Hoc para los casos Fujimori – Montesinos está en entredicho, según lo comentado por los renunciantes Antonio Maldonado e Iván Montoya.

2. El Partido Aprista, con un candor digno de mejor causa, lleva en su lista para la Segunda Vicepresidencia del Congreso a Luisa María Cuculiza, una de las fervientes defensoras de Alberto Fujimori. Y el Congreso en pleno ha permitido que Rolando Souza, el abogado del Chino, presida la Comisión de Relaciones Exteriores y que la hija del prófugo, Keiko, encabece la Liga de Amistad Parlamentaria Peruano – Chilena. Un poco más y le daban la Medalla de Honor del Congreso a “Puñete”, el célebre perrito de Kenji.

3. Cuando el diario La República publicó la información sobre la acusación fiscal contra el Vicepresidente Luis Giampietri por malos manejos en adquisiciones en la Marina de Guerra durante el fujimorato, el Almirante denunció un complot en su contra y la Célula Parlamentaria Aprista cerró filas en su favor. Y ojo, solo dos años antes, Javier Velasquez Quesquén había estado de acuerdo para que se inicie una investigación sobre la materia.

4. El Canciller José Antonio García Belaúnde dice que el Poder Ejecutivo no tiene nada que hacer sobre la extradición. Parece que olvida que el fortalecimiento de la Procuraduría y de las relaciones con el abogado Antonio Etcheverry, encargado del proceso de extradición en Chile, sí depende de la voluntad política del gobierno central.

5. El reemplazo de Antonio Maldonado, Carlos Briceño, dio una patética muestra de su incompetencia en la primera conferencia de prensa que dio, en la que admitió su desconocimiento del caso Fujimori y se ganó un pleito innecesario con el Poder Judicial. Tanto El Comercio como La República, en sendos editoriales, han solicitado que el gobierno evalúe su permanencia en el cargo.

6. Santiago Fujimori, con procesos pendientes en el sistema judicial anticorrupción, propone una Ley para que la inmunidad parlamentaria vuelva a cubrir a todo delito, incluso los que cometieron antes de asumir su cargo. Javier Valle Riestra lo apoya en este esfuerzo.

7. El procurador ad hoc para los casos de corrupción del gobierno de Alejandro Toledo, Gino Ríos Patio, ha declarado recientemente a la prensa que, en su concepto, “Alejandro Toledo es aún peor que Alberto Fujimori”. Vamos, es cierto que se cometieron actos de corrupción durante el gobierno anterior, que deben ser investigados y sancionados, pero las declaraciones del Procurador no guardan ninguna relación con la realidad. Por lo demás, la imparcialidad de Ríos queda en entredicho, ya que el abogado fue retirado de la FAP en 2001 por medidas adoptadas durante el proceso de reforma de las Fuerzas Armadas, durante el gobierno de Toledo y, además, fue condecorado por Fujimori en 1999, cuando una condecoración en esos años demostraba no ser incómodo para un régimen autoritario y una cúpula militar corrupta. A elo se suma el hecho de que Renzo Reggiardo, conspicuo representante del fujimorismo, quiere ser el vicepresidente de la comisión contra Toledo.

8. Finalmente, ningún ente del Estado ha dicho esta boca es mía con relación a la Propuesta de Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción, que es la guía de mediano y largo plazo para acabar o reducir este flagelo contra el Estado.

¿El cambio responsable implica impunidad, Dr. García?