Desde el Tercer Piso

Lourdes Alcorta pretende hacernos volver a la época de la Santa Inquisición o de la Edad Media. Desafía las doctrinas penitenciarias de Jeffrey Bentham y la evolución del derecho penal y de los derechos humanos en nombre de una venganza.

Pues no es otra cosa la que motiva su proyecto de ley para reimplantar la pena de muerte: satisfacer su sed de sangre, su estímulo de ver muerto a un violador de menores, su baja pasión de tomar ella misma la metralleta y disparar al depravado los balazos suficientes para dejarlo sin vida.

Y es que no se desprende otra motivación que tenga la congresista de Unidad Nacional luego de leer la exposición de motivos de su proyecto de ley para modificar el artículo 140° de la Constitución Política del Perú y así poder extender los supuestos de aplicación de la pena capital. Aquí algunos párrafos de muestra:

“Ante estas monstruosas violaciones de pequeños indefensos nos preguntamos ¿Cómo
podemos calificar de “ser humano” a los violadores de niños y adolescentes, seres
degradados y pervertidos quc abusan de menores para satisfacer sus bajos instintos?
¿Podemos reconocerles derechos humanos a los violadores que por su pervertido, cruel y depravado accionar pierden toda dignidad y actúan como animales salvajes? No podenos permanecer indiferentes y con las manos cruzadas. Es hora que hagamos algo. Debemos empezar por reconocer que las niñas, los niños y adolescentcs, tienen derechos los que necesitan ser protegidos, reivindicados y respetados. Su bienestar esta puesto cn nuestras manos. No permitamos que pierdan su inocencia y sus esperanzas por una sociedad mejor. Ellos aún confian en nosotros”.

“La pena de muerte representa un medio con el que cuenta el Estado para preservar la estabilidad social, es un mecanismo de legítima defensa de la sociedad particularmente ante la alarmante proliferación de pervertidos y depravados violadores de menores de edad e incapaces. seres indefensos que no pueden defenderse de tan peligrosos y crueles predadores sexuales que comenten sus execrables delitos con prermeditación, alevosía y ventaja, sin que medie 1ícto atenuante, pues los niños e incapaces son seres inocentes que no tienen capacidad de defensa ni reacción. Nos encontramos ante criminales incorregibles e irredimibles que delinquirán nuevamente a la primera oportunidad que se les presente y cualquiera de nuestros hijos o hijas podría ser su próxima victima“.

“En suma, estos depravados violadores de niños y adolescentes no merecen vivir. La pena capital se convierte en justa y necesaria y constituye un medio de legítima defensa para la sociedad que la utiliza como un medio de conservación. La pena de muerte se aplicará a estos mal nacidos violadores de menores, sujetos excepcionalmente peligrosos y nocivos que aún estando en prisión resulta en vano intentar corregir. El tema no es si la pena capital es disuasiva o no. Su imposición es el justo castigo que la sociedad impone a estos desgraciados violadores. Si más adelante es disuasiva, en buena hora”.

Reiteremos nuestros argumentos ya expuestos contra la pena de muerte:
1. Nadie tiene derecho a quitarle la vida humana a nadie. El Estado no debe servir como instrumento de venganzas privadas, ni satisfacción de bajas pasiones. La dignidad humana y los derechos no se pierden por las malas y condenables acciones que cometa un ser humano. El Estado no tiene derecho a decidir quien “merece” o no vivir.
2. De acuerdo a cifras de la ONU, la pena de muerte no disminuyó las tasas de criminalidad en los países en los que se aplica, ni su abolición ha aumentado los índices de delincuencia. En suma, no es disuasiva.
3. Los pasos para aplicar la pena de muerte demorarán, aproximadamente, 5 años. No se tendría la celeridad que sus propulsores reclaman como sanción efectiva contra el execrable delito de la violación sexual.
4. Tendríamos que retirarnos de la Convención Americana de Derechos Humanos, instrumento que ha permitido y permite la defensa de los derechos fundamentales de las personas en toda la región, incluyendo al propio Alan García, cuando fue perseguido por la dictadura fujimorista.
5. Ya existe la cadena perpetua sin beneficios penitenciarios para los violadores de menores de 10 años de edad. En abril se expidió la Ley 28794, que regula este tema.
6. La posibilidad de error que conlleva la aplicación de esta pena es bastante alta. Recordemos el célebre caso del denominado “monstruo de Armendariz”, que resulto siendo un ladrón de poca monta.

Resulta además poco congruente que la señora Alcorta, miembro de un partido social cristiano (que supuestamente sigue las enseñanzas de la Iglesia Católica) y católica confesa vaya en contra de lo que señala el propio Evangelio y la Conferencia Episcopal Peruana, voz oficial de la Iglesia en el Perú, que rechaza la pena de muerte como forma de sanción penal contra cualquier crímen. Además, este proyecto contradice lo que un buen sector de su bancada piensa e incluso Lourdes Flores se ha manifestado en contra de la posibilidad de aplicar la pena capital.

Los partidarios de la “mano dura” aplaudirán sin duda a la señora Alcorta. Quienes apostamos por un mundo más civilizado rechazamos esta iniciativa, pues nos devuelve a los tiempos en que unos cuantos decidían quienes merecían o no vivir. En eso, Alcorta se parece a los terroristas de los que tanto denosta.

ENLACES:
El proyecto de Ley de Lourdes Alcorta.
César Hildebrandt: El culto a la muerte.
Comunicado de la Conferencia Episcopal Peruana sobre la pena de muerte.
Archivo del Tercer Piso: Una aberración Jurídica en marcha.
Archivo del Tercer Piso: Pena de Muerte: Mera Pirotecnia

Uno de los episodios menos conocidos del conflicto armado interno es la violencia ejercida por los grupos subversivos en contra de las minorías sexuales.

Una de las prácticas más comunes de Sendero Luminoso para procurar “legitimarse” en las poblaciones que tomaba era la eliminación de homosexuales, estimulando con esta práctica los prejuicios contra las minorías sexuales. Reunía a toda la población alrededor de la plaza y celebraba sus llamados “juicios populares”, que no eran otra cosa que una escenificación previa a lo que realmente deseaban hacer: la ejecución de personas con opción sexual distinta.

La CVR, en su Informe Final, documenta lo ocurrido en la ciudad de Tarapoto en 1989, cuando miembros del MRTA entraron en un bar de esta ciudad. Sacaron a 8 hombres vestidos de mujer y los ajusticiaron. Posteriormente, en su vocero oficioso “Cambio” justificaron esta acción con el pretexto de que las fuerzas del orden amparaban a “estas lacras sociales, que eran utilizadas para corromper a la juventud”. (Cambio, 8 de junio de 1989)

Estas prácticas han sido ampliamente documentadas por el Movimiento Homosexual de Lima (MHOL) en su documento “Crímenes de homofobia en el contexto de la violencia política”. Sin embargo, más allá de algunas redes locales, no se conoce todo lo ocurrido a las minorías sexuales durante el conflicto en toda su dimensión. Es lamentable que aun no se sepa, pues el desconocimiento sobre lo ocurrido a las minorías sexuales es otra forma de discriminación que no debemos amparar. Ojala poco a poco podamos difundir su verdad, que también es la de varios peruanos y peruanas con iguales derechos que todos nosotros.

Tal parece que el Almirante Luis Giampietri, vicepresidente de la República y actual parlamentario, será uno de los grandes dolores de cabeza de este gobierno.

Giampietri ya venía con ciertos cuestionamientos, señalados desde esta columna durante la campaña electoral.

El primero, su cercanía al fujimorismo o grupos afines. Fue regidor de la Municipalidad de Lima Metropolitana por Vamos Vecino en 1998, fecha en la cual ya se sabía la catadura moral del gobierno autoritario que teníamos por aquellos días. Y luego formó parte de “Chimpún Callao”, agupación fundada por Alex Kouri, quien no se distinguió por su defensa de la democracia durante aquellos años.

El segundo, quizás el más importante, su participacion en la matanza de los penales en 1986. Como se conoce hoy, Giampietri fue el jefe operativo en la isla El Frontón donde se habían amotinado presos de Sendero Luminoso. Luego de culminado el operativo, los presos rendidos fueron ejecutados extrajudicialmente, tal como lo han confirmado las necropsias realizadas a los cadáveres durante la investigación fiscal. Este hecho y las investigaciones hechas por las organizaciones de derechos humanos sobre la materia motivaron que durante años el Almirante señalara por calles y plazas que estos organismos eran el brazo legal de Sendero Luminoso.

Pues bien, durante este gobierno ya se han registrado algunos sucesos particularmente relevantes sobre la actuación pública de Giampietri que llaman poderosamente la atención.

La semana pasada fuimos testigos de como Giampietri investigaba, desde una comisión del Congreso que no tenía facultades para ello y que preside - la Comisión de Inteligencia -, al Instituto de Defensa Legal, una ong preocupada del tema de la administración de justicia y los derechos humanos, que patrocina a los familiares de las víctimas del Frontón. La mayor parte de medios periodísticos condenó este intento de persecusión, basado en una serie de prejuicios y, sobre todo, en el interés personal de Giampietri por eliminar cualquier acusación penal en su contra o al mensajero de la misma.

El sábado, según reveló ayer Cecilia Valenzuela, Giampietri, a quien Alan García ha encomendado las labores de prevención de los posibles efectos del Fenómeno del Niño, no tuvo mejor idea que llevar al Consejo de Ministros como asesor para este tema a Alberto Pandolfi, ex Premier del fujimorismo, especialista en las defensas de Vladimiro Montesinos, y utilizado para cuanto ministerio quedara vacante durante el gobierno autocrático que padecimos en los noventa.

Pero hoy, gracias a La República, nos hemos podido enterar que la Sexta Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación sobre once licitaciones producidas en la Marina de Guerra del Perú, para la compra de baterías primarias para torpedos SS-4, recuperación de misiles Otomat MK2 y misiles Exocet MM-38, adquisición de 580 hidrófonos, y motores para las corbetas misileras. Esta denuncia se basa en un informe de la propia Contraloría General de la República sobre las irregularidades existentes. Quien presidió el Comité de Adquisiciones fue Luis Giampietri y por ello está comprendido en esta investigación.

La Contraloría indicó que el comité presidido por Giampietri favoreció a empresas que no se encontraban inscritas como proveedoras de la Marina, requisito indispensable para convocarlas a concurso público o privado. Además, dichos procesos de selección se hicieron sin opinión previa de la Contraloría, no se aplicaron las penalidades correspondientes por incumplimientos de las empresas y muchos de los contratos se suscribieron sin la resolución ministerial que aprueba su firma.

Si en algo se ha corregido Alan García es en materia económica. Pero en algo en lo que aún está en deuda con el país es en la lucha contra la impunidad. No debe seguir avalando a una persona cuyas deudas con la justicia son cada día más grandes y que viene utilizando su poder para intentar evadir las responsabilidades por las que debe pagar a la sociedad.

Lo dijimos en la campaña: llevar a Giampietri era un grosero error. Ojala, señor Presidente, no lo pague con el desprestigio de su nueva oportunidad. Exija a sus parlamentarios que levanten la inmunidad a este personaje y, de ser posible, exíjale la renuncia a alguien que viene creandole problemas y que le seguirá causando penurias de no actuar con prontitud.

ENLACES:
La denuncia de La Republica sobre Giampietri.
La airada respuesta de Giampietri.
Archivo del Tercer Piso: Mc Carthy vive en Lima.
Archivo del Tercer Piso: En el Frontón, hermanos.

Hace 14 años, un grupo de agentes policiales capturó a Abimael Guzmán Reynoso, el líder del autodenominado Partido Comunista del Perú - Sendero Luminoso, organización subversiva que utilizó métodos terroristas en su accionar y que inició una guerra contra el Estado peruano y la mayoría de miembros de la sociedad peruana.

A lo largo de ese conflicto, el más violento de la historia de la República, el PCP-SL cometió crímenes de extrema gravedad que configuran delitos de lesa humanidad y se constituyó en el principal culpable del alto número de víctimas producido. La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) constató que el PCP-SL fue responsable del 54% de las muertes y desapariciones que le fueron reportadas durante su investigación y, sobre la base de los cálculos realizados, estima que la cifra total de víctimas fatales ocasionadas por dicha organización asciende a 31, 331 personas.

Guzmán planteó un proyecto político de corte militarista y totalitario, incompatible con el sistema democrático y el respeto a los derechos humanos. Este proyecto se basaba en una visión fundamentalista, derivada de la interpretación que Abimael hizo de la doctrina y métodos de acción aplicados por Mao Tse Tung en China Popular. Esta visión dogmática se complementaba con un culto a la personalidad exacerbado por el propio Guzmán, que en su megalomanía se hacía llamar “Presidente Gonzalo”.

El PCP-SL creía que su interpretación del devenir histórico y de las condiciones para la revolución eran la única vía posible de solución de los problemas del país, por lo que cualquiera que se opusiera a sus fines debía ser eliminado. Esta visión explica el alto número de víctimas generado y la forma en como cometían sus crímenes.

El proyecto del PCP-SL tuvo potencialidad genocida, descritas en sus documentos y en directivas impartidas a sus militantes, como “pagar la cuota de sangre” e “inducir genocidio”, desplegándose con mayor brutalidad en zonas de población indígena, en particular, contra el pueblo ashaninka. En su visión hay arraigadas concepciones racistas y de superioridad sobre pueblos indígenas. Ello explica porque sus principales víctimas fueron aquellos a quienes decía defender.

La captura de tan excecrable sujeto no se debió, como muchos aún suponen, a una estrategia autoritaria o al golpe de Estado de abril de 1992. Por el contrario, esta historia comenzó en marzo de 1990, en los últimos meses del gobierno de Alan García, se creó el Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), equipo encargado de desbaratar la estructura política del PCP-SL. Es más, en junio de 1990 se obtuvo el primer logro con el allanamiento de una casa en Monterrico, donde se halló una lista de contactos y luego se pudo conocer, en otra operación similar, a las personas que conformaban el Comité Central del PCP-SL, en el ya famoso video donde se les registra bailando la danza de “Zorba el Griego”.

La labor del GEIN fue ajena a la estrategia del fujimorismo. Fujimori adoptó la estrategia de las Fuerzas Armadas, basada en eliminación selectiva de miembros del PCP-SL o sospechosos de serlo. Pero cuando el GEIN comenzó a obtener ciertos resultados, Montesinos intentó inflitrar el grupo con varios militares, muchos de los cuales conformarían años después el sanguinario Grupo Colina.

Para mayor añadidura, el 12 de septiembre de 1992 ninguno de los altos dirigentes del fujimorato estaban enterados de la operación. Fujimori pescaba en la selva, Montesinos estaba en una recepción en la Embajada Británica y los militares estaban en la boda de una de las hijas de Hermoza Ríos, al igual que buena parte del gabinete. Todos en babia.

Detrás de este gran éxito policial hubieron años de trabajo y aprendizaje de la labor policial, en base a la experiencia que supuso el combate al terrorismo.

Una serie de sucesos ocurridos luego de la captura confirma que no fue mérito de Fujimori este importante logro:
a) Los institutos armados y servicios de inteligencia no perdonaron a la Policia haber dado el golpe por cuenta propia y propalar la noticia a todo el mundo sin un filtro previo. Las presiones militares llevaron a Fujimori a desarticular el GEIN.
b) Los medios de comunicación aliados del fujimorato exacerbaron las pugnas internas dentro de la Policía. Hasta el día de hoy, Antonio Ketin Vidal y Benedicto Jimenez patéticamente se pelean por la autoria de la captura. Lo cierto es que el jefe del operativo que permitió la captura de Guzmán fue Marco Miyashiro.
c) Se elaboró, con posterioridad a la captura, una versión oficial y alejada de la realidad, sobre la pacificación, según la cual el mérito de la derrota de Sendero correspondió a las Fuerzas Armadas, gracias a supuestas decisiones de Fujimori y Hermoza Ríos, como a las investigaciones y operaciones del SIN (basta recordar los discursos panegíricos que se daba a Vladimiro Montesinos por aquellos años). A esto los antropólogos le llaman “memoria de salvación”.

Hoy, ya en democracia, Guzmán y sus principales secuaces han sido sometidos a un proceso justo y con todas las garantías que culminará en una cadena perpetua, de acuerdo a las pruebas actuadas. Sin duda, un final acorde para una persona que, lejos de ser brillante, constituye la cabal prueba de como el dogmatismo, el fundamentalismo y el culto a la personalidad pueden llevar a desencadenar ríos de sangre que los peruanos no queremos volver a vivir.

Hace 5 años, el mundo entero fue testigo, en vivo y en directo, de un crimen de lesa humanidad que costó la vida a más de 3,000 personas. En New York y Washington, 3 aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas del World Trade Center y contra el Pentágono, como parte de un atentado terrorista cometida por la red Al Qaeda, liderada por el magnate saudi Osama Bin Laden.

Los atentados del 11-S han marcado a la corta historia del siglo XXI y han generado variables importantes en el orden internacional y en la política norteamericana.

El tema central de la política norteamericana es la seguridad y cómo responder a frente a las amenazas a dicha seguridad. Si bien Estados Unidos tenía (y tiene) el derecho de defenderse de cualquier atentado terrorista, el diagnóstico y los medios empleados para ello no ha sido los más adecuados.

Por un lado, la utilización del maniqueo “eje del mal” como base para cualquier acción dificulta la comprensión del fenómeno que supone Al Qaeda como organización. Implicó no ver que esta organización no era, en realidad, un aparato burocratizado y vertical, sino una red que se activaba con cuadros locales en cada región para cada atentado. Asimismo, sobreestimó el apoyo que gobiernos como Irak o Irán dan a organizaciones que utilizan métodos terroristas y provocó errores gruesos de percepción.

Asimismo, se mezclaron intereses particulares de Estados Unidos con la lucha contra el terrorismo. Tres años después de la invasión a Irak, pocos son quienes aún sostienen que dicha operación militar se debió a que este país poseía armas de destrucción masiva. Hoy sabemos que el petróleo era el objetivo central de dicha invasión. Y son los intereses particulares de Estados Unidos los que vienen determinando cuales son los países que representan una amenaza a la seguridad.

A esto se suma una visión conservadora del mundo, mejor dicho, neo conservadora. El neo conservadurismo norteamericano tiene una visión de su país y del mundo que enfatiza en que los valores “tradicionales” norteamericanos - es decir, los que tienen como base, como la familia, la seguridad, cierto paternalismo social y el unilateralismo - preservarán la hegemonía norteamericana. Por ello es que los neo conservadores (llamados también “neo con”) tienen alergia a los temas migratorios y al contacto o entendimiento con cualquier cultura que no sea la misma. Además, cuentan con una visión religiosa que convierte a los “neo con” en los “salvadores de la patria” frente a las amenazas externas. Este es el pensamiento que se ha instalado en la Casa Blanca, pero que poco a poco viene perdiendo adeptos en la opinión pública en general.

Otro problema en el que el gobierno de George W. Bush ha tenido fracasos en toda la línea ha sido el del respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Las cárceles de Guantánamo - declaradas como ilegales por la Corte Suprema -, las torturas en la prisión de Abu Ghraib y la aceptación de la existencia de cárceles clandestinas en Europa son muestra de ello.

Una lección que los peruanos extrajimos del conflicto armado interno es que la violación de derechos humanos resulta a todas luces perjudicial como poco práctica para el combate a un enemigo interno. Supone la desvalorización de la vida humana y de la dignidad de la persona, que son los objetivos centrales a defender por parte del Estado. Implica también un problema legal, dado que los autores de estas prácticas pueden (y deben) ser sometidos a un proceso judicial (del que hasta ahora se vienen librando los militares norteamericanos, salvo en casos contados). Ocasiona efectos en la ética y el prestigio de las Fuerzas Armadas, quienes ven su imagen afectada por estos hechos. Finalmente, no tiene efectos prácticos para frenar las acciones subversivas, toda vez que dificulta la relación con la población civil y demora la ruptura de relaciones entre las organizaciones subversivas y las poblaciones.

Finalmente, los resultados de la cruzada contra el terrorismo global no han sido los esperados. Los gobiernos aliados de Estados Unidos se debilitaron y fueron blancos posteriores de Al Qaeda. Con la excepción del operativo en Londres que permitió prevenir el secuestro de aviones, el trabajo de inteligencia ha sido deficiente. Ha aumentado la percepción de una “conducta imperial” por parte de Estados Unidos, lo que le ha restado aliados en Europa y, sin duda, ha debilitado su posición en Medio Oriente. Finalmente, el gobierno nortamericano ha perdido toda credibilidad no solo en el mundo, sino también ante su pueblo.

El enfrentamiento de una amenaza global supone una alianza estatégica del mismo corte y un acertado trabajo de conocimiento e inteligencia. Desafortunadamente, esa lección no parece haber sido aprendida, ni puesta en práctica, por lo menos hasta que George W. Bush deje la Casa Blanca en enero de 2009.

¿El mundo soportará hasta esa fecha?

(Foto: Associated Press).

No acostumbro hacer “comerciales” de actividades, pero esta vez hago una excepción.

El día de hoy, 11 de septiembre, fecha con mucha significación para todos, se inicia el II Encuentro de Derechos Humanos en la Pontificia Universidad Católica.

El Encuentro supone una semana de varias actividades en el campus de la PUCP. Se realizarán Conversatorios sobre racismo, CVR, inclusión, experiencias de inclusión desde diversas áreas como la administración o la arquitectura, o cuestiones tan actuales como el derecho al desarrollo. Asimismo, se presentan varias muestras fotográficas, un ciclo de cine y acciones de impacto público en el campus.

Quienes quieran saber más sobre el Encuentro y sus actividades, hagan un clic aquí.

Joseph Raymond McCarthy, senador estadounidense, tuvo como único “mérito” en su carrera política contribuir a acuñar un término que causa pavor en la política: “mccartismo”.

Entre 1947 y 1954, McCarthy y su equipo (en el llamado Comité de Actividades Anti-americanas) se hicieron famosos investigar a cualquier persona pública (sea político, militar o incluso artistas de Hollywood) de otros sospechosos de ser agentes soviéticos basándose en sus creencias políticas, como por ejemplo comunistas o simpatizantes del comunismo.

Así se inició lo que se llamó como “cacería de brujas”, donde se realizó una serie de interrogatorios contra los adversarios políticos de McCarthy o cualquiera que tuviera un indicio o rumor sobre las presuntas actividades “antipatrióticas”, llegándose incluso a promover la delación.

Desde esa época, se designó como “mccarthismo” a cualquier acción destinada a suprimir puntos de vista políticos o sociales que quien los desea suprimir los considera perjudiciales, mediante la limitación o suspensión de derechos o el agravio, alegando la necesidad de proteger la seguridad nacional.

Este caso ha llegado a que manifestaciones artísticas denuncien los excesos de esta conducta, destinada a aniquilar una idea por el solo hecho de ser distinta. La obra teatral “Las Brujas de Salem” de Arthur Miller y la película “Good Night, Good Luck” de George Clooney son muestras del rechazo a este tipo de práctica política.

¿Qué relación tiene esta historia con el Perú? Mucho más de la que pensamos si vemos la conducta de algunos medios y políticos del gobierno.

Por un lado, desde hace algunos meses, el diario Expreso se encuentra en campaña contra las organizaciones no gubernamentales, particularmente, las que defienden los derechos humanos. Esta campaña intenta poner en contra de estas organizaciones a la población y al Estado, bajo un esquema de satanización bastante simple: una teoría conspirativa donde las ong’s no serían más que la punta de lanza de una ofensiva de la izquierda para capturar el poder que las elecciones no tuvieron y manejar el Estado a su antojo para lograr la liberación de los miembros de SL.

En principio, cabe señalar que, por reglas, las ong’s no pueden tener en sus puestos directivos a personas con cargos partidarios importantes. Ello hizo que personas que han trabajado en estas organizaciones dejen sus puestos para dedicarse a la actividad política: fue el caso de Susana Villarán y el caso actual de Gino Costa.

Por otro lado, la izquierda peruana sufre una crisis de la que no se ha podido recuperar hasta ahora. Pensar que desde las ong’s se haría una campaña política es poco menos que iluso, además que prohibido por las agencias cooperantes internacionales. Además, en las ong’s la mayor parte de personas que intervienen no son partidarizadas y muchas de ellas no son de izquierda, sino liberales consecuentes con sus ideas. Es más, las organizaciones no gubernamentales cumplen todos el espector ideológico y político (por ejemplo, el Instituto Libertad y Democracia de Hernando de Soto) y todas las actividades humanas.

Finalmente, cabría indicar que las organizaciones de defensa de los derechos humanos rechazaron desde el primer momento cualquier tipo de violencia, comenzando por la practicada por Sendero Luminoso y el MRTA. Asimismo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos acordó no patrocinar casos de sospechosos de pertenecer a las organizaciones subversivas, lo que implicaba un filtro mayor para el patrocinio de causas a nivel judicial y de la opinión pública.

No queremos idealizar a la sociedad civil, ni mucho menos, pero fuera del Estado y de los partidos políticos hay formas de representar y rendir cuentas. Las ong’s rinden cuenta ante su asamblea de miembros, ante sus financiadores (mediante la presentación de auditorías periódicas y al cierre de cada proyecto, cumpliendo con los estándares internacionales) y ante el Estado, a través de la presentación de cuentas y proyectos ante la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).

Sin embargo, a pesar de sus argumentos desbaratables, Expreso ha continuado con su campaña a través de dos flancos.

El primero, sacar en sus páginas lo que es información pública: el financiamiento de estas organizaciones. Pero lo hace de manera tal que pretende señalar que estas organizaciones no son más que la “cabecera de playa” de intereses subalternos nacionales e internacionales (una suerte de dependencia esquizofrénica de los fondos norteamericanos y europeos y, al mismo tiempo, de Sendero Luminoso) o que malutilizan sus fondos. Se busca que la fiscalización ya no sea solo de viabilidad de proyectos o financiamiento, sino de ideas, lo que es incompatible con un estado democrático, donde el derecho a pensar distinto está garantizado.

El segundo es pretender poner a las ong’s como manipuladoras del poder y, en particular, del Poder Judicial. El escandalete montado por Expreso se debio a que el Instituto de Defensa Legal - ong dedicada a los temas de administración de justicia, derechos humanos y defensa y seguridad ciudadana - solicitó la publicación del curriculum vitae de quienes se están presentando como candidatos a la Presidencia de la Corte Suprema, a elegirse en diciembre. Luego del escándalo con el Vocal Palacios, creo que es más imprescindible que nunca pedir dichos currículos y que la prensa revise al milímetro a los candidatos a la presidencia de un poder del Estado cuyo desprestigio es fuerte.

Esta cuestion, que en cualquier otra parte del mundo sería normal, para los chicos de Expreso (la facción de la familia Miro Quesada que estaba con los fujimoristas y que es más conservadora que los de El Comercio) era “ingerencia” en el Poder Judicial. Y para “probar” dicha ingerencia, comenzaron a publicar los fondos que el IDL recibe de parte de la cooperación internacional y que la APCI, por cierto, ha verificado que están conformes a las auditorias nacionales e internacionales.

Pero para ver el calibre de este escándalo, hay que anotar que Expreso tuvo como principales “voceros” dentro del PJ sobre esta campaña a los Vocales Supremos Provisionales Robinson Gonzáles y César Vega Vega, conocidos por sus fallos a favor de los corruptos en la Corte Suprema. Es decir, Expreso puso a dos “joyas” del PJ a cuestionar la transparencia en los procesos de elección del Presidente de la Suprema.

Y haciendo caso a estas denuncias tenemos a algunos conspicuos miembros del partido de gobierno.

Por un lado, Mauricio Mulder declaró que la “izquierda caviar” - nombre con el que pretenden denostar a los miembros de ong’s o preocupados por los derechos humanos y la democracia - era “el principal enemigo del gobierno”. Es conocido que Mulder aún cree en un mundo y un país donde los partidos políticos son el único medio de relación entre la sociedad y el Estado y en el que el APRA sea el único frente de clases que agrupe a todos los intereses de la sociedad.

Pero no ha sido el único. La novísima Comisión de Inteligencia del Congreso, presidida por el primer vicepresidente Luis Giampietri, no tuvo mejor idea que convocar al Director Ejecutivo de la APCI, Agustín Haya de la Torre, para que informe sobre las actividades del IDL.

De acuerdo a la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia, la Comisión parlamentaria sobre este tema tiene como labor la fiscalización - por cinco años - de las labores de los organismos de espionaje del Estado. Es decir, no tiene competencia para investigar a las ong’s. Así de claro.

Pero Giampietri contó con la anuencia de los demás miembros de la Comisión, quienes no son precisamente personas novatas en política y con preferencia por la defensa de los derechos humanos:
- José Urquizo: Parlamentario por Ayacucho elegido por UPP. Ex vicepresidente regional de dicho departamento (por el APRA).
- Alberto Andrade: conocido por todos y a favor de una amnistía para los militares que violaron derechos humanos.
- Lourdes Alcorta: De Unidad Nacional, favorable a la pena de muerte (con descripción gráfica de la violación incluida) y contraria a las ong’s de derechos humanos.
- Carlos Canepa: De UPP, parlamentario por Tumbes. Recién llegado al Congreso.
- Mauricio Mulder: Quien dijo en Expreso que “la izquierda caviar y sus ong’s son el verdadero enemigo del gobierno”.
- Ricardo Pando: Del movimiento fujimorista, contrario a todo lo que tenga que ver con derechos humanos o fiscalización.

Pero lo importante aquí es que esta investigación, además de no ser de competencia de esta comisión parlamentaria, ha sido iniciada por los intereses particulares de Giampietri.

Como sabemos, el almirante y vicepresidente es procesado por la matanza del Frontón, ocurrida en 1986, durante el primer gobierno de Alan García. Giampietri fue el jefe de Fuerzas Especiales Operativas de la Marina durante dichos sucesos que, luego de un combate, culminaron en la ejecución extrajudicial de 119 personas. Y el IDL patrocina a los familiares de las víctimas de dicha barbarie.

Mccartismo puro y simple en altas esferas del poder. Pero quienes lo practican no deben olvidar como acabó el propio McCarthy: luego de su “caza de brujas”, el senador terminó siendo investigado por sus propios compañeros, luego de ejercer presiones para asegurar un tratamiento favorable a uno de sus aliados políticos, escándalo que le hizo perder popularidad e influencia. Al final, el Senado le dio un voto de censura el 2 de diciembre de 1954. Luego de su defenestración como parlamentario, McCarthy cayó en el alcoholismo y murió en 1957, en medio de la indiferencia general.

La persecusión de ideas y la búsqueda de intereses particulares no debe primar en un Estado democrático. Estaremos alertas.

ENLACES:
El Utero de Marita: ¿Qué se trae Giampietri?
Editorial de El Comercio (07/09/06): ¿Investigar a las ONG? ¿Quién, por qué, cuáles y para qué?
Editorial de La República (07/09/06): ONG: la historia se repite.
Augusto Alvarez Rodrich: Giampietri debe dejar la Comisión de Inteligencia.
Carlos Basombrío: Corrupción y oscuridad, primas hermanas
Alberto Adrianzén: La “izquierda caviar” y sus críticos.

FOTOS:
(Joseph Mc Carthy: Wikipedia)
(Luis Giampietri: La República)
(Expreso: Editorial Sindesa)

¿Pero tiene el Gobierno la voluntad política para ayudar a esta tarea?

El caso del Vocal Supremo Eduardo Palacios, involucrado en un soborno a cambio de ayudar a modificar una sentencia judicial, no solo debe llamarlos a la indignación y a la petición de sanciones ejemplares para quienes resulten involucrados, sino también debe ser la sacudida necesaria para que el Estado peruano tome de una vez conciencia de la imprescindible reforma del sistema de justicia.

Y, ojo, decimos sistema de justicia, pues consideramos que el tema abarca no sólo al cuestionado Poder Judicial, sino a todas las instituciones estatales vinculadas a la administración de justicia en nuestro pais: Ministerio Público, Consejo Nacional de la Magistratura, justicia militar, Academia de la Magistratura y el propio Ministerio de Justicia.

Queda demostrado que el tema no solo pasa por sueldos o por mayores recursos. El Vocal Palacios ganaba más de 20 mil nuevos soles mensuales y ya vemos en que cayó. El Tribunal Constitucional ha sido claro en que el Poder Judicial requiere de mayores recursos, pero que debe orientarlos a objetivos de reforma y mejora de su desempeño.

La principal dificultad, hay que ser claros, es el componente humano del Poder Judicial. No contamos - salvo excepciones - con Vocales Supremos dignos de llamarse como tales y aún en dicha instancia debemos contar con un alto número de provisionales (dentro de los que se encuentran los cuestionados jueces Palacios, Robinson Gonzáles y César Vega Vega). La Corte Suprema se ha convertido en una rémora para cualquier intento de reforma y, además, debemos señalar que el sistema de casaciones la ha convertido en una tercera instancia judicial, en lugar de ser el ente que, con pocas sentencias al año, establezca los lineamientos generales de jurisprudencia.

Pero para poder emprender dicho cambio en la Suprema son necesarios tres pasos: el primero, mejorar los mecanismos de selección, nombramiento y ratificación de magistrados por parte del Consejo Nacional de la Magistratura, tarea pendiente a la que este organismo debe abocarse a fin de tener mejores jueces y fiscales. Si bien el filtro actual con el que contamos ha impedido que se cuenten con peores magistrados, aun falta mucho por hacer.

El segundo, mejorar la transparencia en la elección del Presidente de la Corte Suprema. Desde diversos medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil se ha pedido que quienes postularán a este cargo - a elegirse en diciembre - presenten su currículum para que todos los ciudadanos podamos fiscalzar la trayectoria profesional y personal de los postulantes. Pero aquí ya se vio la poca voluntad de algunos para practicar dicha transparencia: un diario como Expreso ha emprendido una campaña de satanización de quienes emprenden dicha loable iniciativa, con la colaboración de los Vocales Supremos Robinson Gonzales y César Vega Vega, que incluso ha llevado a que la Comisión de Inteligencia del Congreso (presidida por el inefable Almirante Luis Giampietri) se aboque a una “investigación” que tiene todos los visos de convertirse en una cacería de brujas. Es decir, todos los intereses creados para “matar al mensajero” y evitar que los ciudadanos conozcamos a quien podría dirigir los destinos del Poder Judicial durante los próximos dos años.

El tercero, es emprender modificaciones constitucionales y legales para reformar la estructura y atribuciones del Poder Judicial y de otros organismos constitucionales. Todo ello pasa por el Congreso de la República y por los partidos politicos quienes, con excepción de Unidad Nacional, UPP y Acción Popular, no presentaron planes para la reforma judicial. Y dichos planes tenían que ver, fundamentalmente, con la implementación de las recomendaciones de la Comisión Especial de Reforma Integral de la Administración de Justicia (CERIAJUS), que hasta ahora duermen el sueño de los justos en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso y en el despacho del Presidente de la República. Pregúntese, amigo lector, si es que al poder económico y al poder político que han medrado de la incompetencia y corrupción del sistema de justicia le conviene que se reforme algo y encontrará la respuesta a porque el trabajo de la CERIAJUS está encarpetado desde hace 2 años.

Ninguna reforma de la administración de justicia funciona sin los jueces, pero tampoco sólo con ellos (que son parte del problema). El Ministerio de Justicia, dirigido por una ex jueza, parece seguir en las nubes con relación a este tema. La doctora María Zavala fue una jueza honesta, pero durante su gestión al frente de la Corte Superior de Justicia su vocación por cambiar las cosas era de tibia para abajo.

A ello se suma el hecho de que varios de sus acompañantes en el Ministerio no son precisamente las personas más idóneas: Gino Ríos, nombrado procurador para investigar al gobierno anterior, fue descubierto por el CNM como plagiario de un artículo jurídico; Luis Salgado, secretario del Consejo de Derechos Humanos, presentó en su currículo cuando se quiso presentar para ser Defensor del Pueblo información falsa sobre su trabajo en la ONU; Manuel Tambini del Valle, presidente del Consejo de Defensa Judicial del Estado, es decir jefe de todos los procuradores, fue abogado de Alan García y diputado aprista entre 1985 y 1990. Y hasta ahora no se nombra el reemplazo de Antonio Maldonado como procurador para los casos de la mafia Fujimori - Montesinos.

De alli que nos preguntemos si este gobierno tiene o no vocación de reforma. Pues hasta ahora no ha emitido mensajes o señales que vayan en esa dirección. En general, podemos decir, a un mes de gobierno, que será un eficiente administrador, pero de cambios, naranjas huando.

Finalmente, cabe preguntarnos a nosotros mismos la responsabilidad que tenemos como ciudadanos en esta tarea. Detengamos, por ejemplo, en los empresarios. En Chile, país que tanto admiran y señalan como ejemplo los agrupados en la CONFIEP y sus periodistas amigos, los empresarios se comprometieron - con apoyo económico y personal - a reformar el sistema de justicia, pues entendieron que sus derechos como ciudadanos y la seguridad jurídica que requieren las inversiones necesitaban de una administración de justicia sólida, democrática y eficaz. Aquí los empresarios siguen presionando con su poder económico para que sus juicios salgan bien, o en la época de Fujimori y Montesinos iban a negociar sentencias judiciales en la salita del SIN como Dionisio Romero en célebre video o el caso de las acciones de Yanacocha.

Sin duda, el cambio en la justicia es algo que la ciudadania, preocupada por sus procesos penales, de alimentos, embargos, cobro de letras o luchando contra la impunidad, espera con ansias. ¿Haremos algo para iniciarlo ahora?

ENLACES:
Editorial de El Comercio: Un acto bochornoso que prueba la urgencia de la reforma judicial.
Juan Paredes Castro: Nada va a servir si la mala justicia es intocable.
Augusto Alvarez Rodrich: Que el juez Palacios se convierta en “colaborador eficaz”. La lucha por la transparencia en el Poder Judicial.
Editorial de La República: Las manos en la coima.
Mirko Lauer: ¿Mosca en la sopa o sopa de moscas?
El Utero de Marita: El doctor Tambini.
Agencia Perú.com: ¿Por qué la Comisión de Inteligencia persigue al IDL?
El Plan de la CERIAJUS para reformar la Justicia peruana.
Libro de Javier de Belaúnde: La Reforma del Sistema de Justicia

Genera sorpresa y preocupación la aparición de un vídeo donde el ex secretario general del APRA Agustín Mantilla, quien purgó pena de cárcel por haber recibido US$30,000 de manos de Vladimiro Montesinos, señala que sólo “había cumplido ordenes” de la dirección de su partido al momento de acudir a recibir dineros que, según su versión, sirvieron para gastos de campaña durante al año 2000.

La filmación, para quienes no la vieron, se produjo el 29 de julio de 2006 -es decir, poco más de un mes, cuando ya Alan García había asumido el mando - y en ella Mantilla no sólo pretende involucrar a sus ex compañeros en una de las coimas más célebres de la historia peruana, sino que señala que la presencia de independientes en el gobierno de AGP solo se dará en una “primera etapa” que espera que sea breve.

Como era de esperarse, los altos dirigentes del PAP y el propio Alan García han negado toda vinculación de Mantilla con el partido y de esta organización con los hechos señalados por el ex Ministro del Interior en la pascana del 29.

Pero, a pesar que los representantes apristas han negado con la indignación que cabe en este caso, pero con calma, las acusaciones que se desprenden, el tema es incómodo.

Si lo que dice Mantilla no es cierto, de todas maneras es peligroso para el gobierno tener como petardero a un ex integrante de sus filas, quien además podría conocer asuntos poco santos del primer gobierno aprista. El vídeo propalado sería una suerte, de “Alan, aquí estoy, no me toquen o hablo”.

Si lo que dice Mantilla es verdad, entonces deberíamos activar todas las señales de alarma, sobre todo en lo que se refiere al tema de las infiltraciones en el aparato del Estado, que hasta el momento el gobierno ha procurado capear.

De las vinculaciones con la coima entregada por Montesinos, tengo mis serias dudas de lo que diga Mantilla sea cierto, toda vez que en el mismo vladivídeo, el asesor de Fujimori denosta de dirigentes como Jorge del Castillo y Mercedes Cabanillas y, en realidad, el APRA fue un opositor consecuente durante la mayor parte de la lucha contra la dictadura fujimorista.

Sin embargo, hay algunas preguntas sueltas con relación al ex secretario personal de Alan:
1. Las cuentas por 3 millones de dólares en bancos en Estados Unidos al final del gobierno aprista y que se sospecha que pertenecerían a otra persona - toda vez que Mantilla vivió siempre con austeridad -, cuentas que hoy son materia de un proceso judicial por enriquecimiento ilícito, en el que el Fiscal pide para el ex ministro aprista la pena de 8 años de prisíón.
2. Aclarar la participación de Mantilla en la Matanza de los Penales, donde estuvo presente en las cercanías del Frontón, con un radio y dando órdenes. ¿Qué órdenes dio y a quien respondieron?
3. La organización de un grupo paramilitar, que llevó el nombre de un martir aprista, y que realizó ejecuciones extrajudiciales y desapariciones. Investigaciones periodísticas, parlamentarias y de la CVR apuntan a que Mantilla estuvo involucrado en la formación de este grupo.

Sin duda, la presencia de un personaje oscuro como este enturbia las aguas que hasta el momento, venían calmadas para el gobierno. Esperamos que, de una vez por todas, se escalrezcan los hechos vinculados a Agustín Mantilla, con la misma celeridad con la que parece que el gobierno viene tomando otros casos.

(Foto: RPP Noticias).

La noticia que ha acaparado las primeras planas de todos los diarios de Lima ha sido la apertura de instrucción contra Ollanta Humala por despariciones forzadas, asesinatos y lesiones graves, por hechos ocurridos en la base militar de Madre Mía (departamento de Huánuco) en 1992, cuando el ex candidato presidencial era el jefe de este emplazamiento.

Hasta el momento, los indicios que justifican la apertura de instrucción contra Humala son las declaraciones de familiares de desaparecidos en la zona, así como de dos compañeros de armas del comandante en retiro, quienes han corroborado los actos de violaciones a los derechos humanos, presuntamente cometidas por Humala.

El hecho, tratándose del candidato que quedó segundo en la elección presidencial pasada, ha tomado un cariz político. El propio Humala y sus principales voceros han señalado que la apertura del proceso penal en contra del ex candidato sería un elemento de persecusión política, ad portas de las elecciones regionales y municipales. Si bien Humala ganó con un margen bastante amplio en 15 departamentos del país (entre ellos, los más pobres), su movimiento político se ha debilitado con el transcurrir de los meses y sus posibilidades de obtener el triunfo en estas elecciones se han reducido solo de 3 a 5 departamentos.

A pesar de ello, no deja de extrañar la celeridad de este caso, a diferencia de otros procesos judiciales que involucran a otros elementos de las Fuerzas Armadas en violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el periodo de violencia ocurrido entre 1980 y 2000 y que algunos sectores políticos y sociales aun se empeñan en negar y/o justificar.

Como hemos mencionado en otras ocasiones en este espacio, no deja de extrañar que medios de comunicación cuya trayectoria en defensa de los derechos humanos es nula o adversa sean los más interesados en que este caso culmine con la culpabilidad de Humala. Si bien el proyecto político de Humala ha sido señalado por nosotros como autoritario y con propuestas ciertamente inviables, también es cierto que desde algunos sectores mediáticos (como los diarios Correo y Expreso, por citar dos ejemplos), cualquier persona que hable de cambios sociales y exclusión es acusada de poco menos que subversiva.

A pesar de lo antes señalado, creemos que existen los elementos suficientes para procesar a Humala por estos hechos. Lo que no se puede negar es que existieron despariciones forzadas en Madre Mía y que hay familias que reclaman por obtener justicia. Si Ollanta Humala fue o no el responsable es algo que el Poder Judicial dilucidará a fin de cuentas.

Pero lo que debe llamarnos a reflexión es que estuvimos a un paso de elegir como Presidente a una persona con acusaciones tan serias y fundamentadas con relación a delitos tan execrables y condenables. ¿Qué falla en nuestra sociedad que ha hecho que un sector de ésta justifique o no tenga en consideración a un grupo de peruanos que ha sufrido por la violencia?

ENLACES:
Informe de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos sobre los sucesos de Madre Mía.
Ollanta Humala dice que el proceso judicial contra Ollanta Humala es una persecución política.
Jueza Miluska Cano niega ingerencia política.
Carlos Tapia niega que Ollanta huirá del país.
César Zumaeta: El APRA no tiene nada que ver en esto.
Carlos Basombrío: ¡Madre Mía, pensar que podría ser Presidente!

(Foto: Perú.21)