Desde el Tercer Piso

Tal parece que el Almirante Luis Giampietri, vicepresidente de la República y actual parlamentario, será uno de los grandes dolores de cabeza de este gobierno.

Giampietri ya venía con ciertos cuestionamientos, señalados desde esta columna durante la campaña electoral.

El primero, su cercanía al fujimorismo o grupos afines. Fue regidor de la Municipalidad de Lima Metropolitana por Vamos Vecino en 1998, fecha en la cual ya se sabía la catadura moral del gobierno autoritario que teníamos por aquellos días. Y luego formó parte de “Chimpún Callao”, agupación fundada por Alex Kouri, quien no se distinguió por su defensa de la democracia durante aquellos años.

El segundo, quizás el más importante, su participacion en la matanza de los penales en 1986. Como se conoce hoy, Giampietri fue el jefe operativo en la isla El Frontón donde se habían amotinado presos de Sendero Luminoso. Luego de culminado el operativo, los presos rendidos fueron ejecutados extrajudicialmente, tal como lo han confirmado las necropsias realizadas a los cadáveres durante la investigación fiscal. Este hecho y las investigaciones hechas por las organizaciones de derechos humanos sobre la materia motivaron que durante años el Almirante señalara por calles y plazas que estos organismos eran el brazo legal de Sendero Luminoso.

Pues bien, durante este gobierno ya se han registrado algunos sucesos particularmente relevantes sobre la actuación pública de Giampietri que llaman poderosamente la atención.

La semana pasada fuimos testigos de como Giampietri investigaba, desde una comisión del Congreso que no tenía facultades para ello y que preside - la Comisión de Inteligencia -, al Instituto de Defensa Legal, una ong preocupada del tema de la administración de justicia y los derechos humanos, que patrocina a los familiares de las víctimas del Frontón. La mayor parte de medios periodísticos condenó este intento de persecusión, basado en una serie de prejuicios y, sobre todo, en el interés personal de Giampietri por eliminar cualquier acusación penal en su contra o al mensajero de la misma.

El sábado, según reveló ayer Cecilia Valenzuela, Giampietri, a quien Alan García ha encomendado las labores de prevención de los posibles efectos del Fenómeno del Niño, no tuvo mejor idea que llevar al Consejo de Ministros como asesor para este tema a Alberto Pandolfi, ex Premier del fujimorismo, especialista en las defensas de Vladimiro Montesinos, y utilizado para cuanto ministerio quedara vacante durante el gobierno autocrático que padecimos en los noventa.

Pero hoy, gracias a La República, nos hemos podido enterar que la Sexta Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación sobre once licitaciones producidas en la Marina de Guerra del Perú, para la compra de baterías primarias para torpedos SS-4, recuperación de misiles Otomat MK2 y misiles Exocet MM-38, adquisición de 580 hidrófonos, y motores para las corbetas misileras. Esta denuncia se basa en un informe de la propia Contraloría General de la República sobre las irregularidades existentes. Quien presidió el Comité de Adquisiciones fue Luis Giampietri y por ello está comprendido en esta investigación.

La Contraloría indicó que el comité presidido por Giampietri favoreció a empresas que no se encontraban inscritas como proveedoras de la Marina, requisito indispensable para convocarlas a concurso público o privado. Además, dichos procesos de selección se hicieron sin opinión previa de la Contraloría, no se aplicaron las penalidades correspondientes por incumplimientos de las empresas y muchos de los contratos se suscribieron sin la resolución ministerial que aprueba su firma.

Si en algo se ha corregido Alan García es en materia económica. Pero en algo en lo que aún está en deuda con el país es en la lucha contra la impunidad. No debe seguir avalando a una persona cuyas deudas con la justicia son cada día más grandes y que viene utilizando su poder para intentar evadir las responsabilidades por las que debe pagar a la sociedad.

Lo dijimos en la campaña: llevar a Giampietri era un grosero error. Ojala, señor Presidente, no lo pague con el desprestigio de su nueva oportunidad. Exija a sus parlamentarios que levanten la inmunidad a este personaje y, de ser posible, exíjale la renuncia a alguien que viene creandole problemas y que le seguirá causando penurias de no actuar con prontitud.

ENLACES:
La denuncia de La Republica sobre Giampietri.
La airada respuesta de Giampietri.
Archivo del Tercer Piso: Mc Carthy vive en Lima.
Archivo del Tercer Piso: En el Frontón, hermanos.

Hace 14 años, un grupo de agentes policiales capturó a Abimael Guzmán Reynoso, el líder del autodenominado Partido Comunista del Perú - Sendero Luminoso, organización subversiva que utilizó métodos terroristas en su accionar y que inició una guerra contra el Estado peruano y la mayoría de miembros de la sociedad peruana.

A lo largo de ese conflicto, el más violento de la historia de la República, el PCP-SL cometió crímenes de extrema gravedad que configuran delitos de lesa humanidad y se constituyó en el principal culpable del alto número de víctimas producido. La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) constató que el PCP-SL fue responsable del 54% de las muertes y desapariciones que le fueron reportadas durante su investigación y, sobre la base de los cálculos realizados, estima que la cifra total de víctimas fatales ocasionadas por dicha organización asciende a 31, 331 personas.

Guzmán planteó un proyecto político de corte militarista y totalitario, incompatible con el sistema democrático y el respeto a los derechos humanos. Este proyecto se basaba en una visión fundamentalista, derivada de la interpretación que Abimael hizo de la doctrina y métodos de acción aplicados por Mao Tse Tung en China Popular. Esta visión dogmática se complementaba con un culto a la personalidad exacerbado por el propio Guzmán, que en su megalomanía se hacía llamar “Presidente Gonzalo”.

El PCP-SL creía que su interpretación del devenir histórico y de las condiciones para la revolución eran la única vía posible de solución de los problemas del país, por lo que cualquiera que se opusiera a sus fines debía ser eliminado. Esta visión explica el alto número de víctimas generado y la forma en como cometían sus crímenes.

El proyecto del PCP-SL tuvo potencialidad genocida, descritas en sus documentos y en directivas impartidas a sus militantes, como “pagar la cuota de sangre” e “inducir genocidio”, desplegándose con mayor brutalidad en zonas de población indígena, en particular, contra el pueblo ashaninka. En su visión hay arraigadas concepciones racistas y de superioridad sobre pueblos indígenas. Ello explica porque sus principales víctimas fueron aquellos a quienes decía defender.

La captura de tan excecrable sujeto no se debió, como muchos aún suponen, a una estrategia autoritaria o al golpe de Estado de abril de 1992. Por el contrario, esta historia comenzó en marzo de 1990, en los últimos meses del gobierno de Alan García, se creó el Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), equipo encargado de desbaratar la estructura política del PCP-SL. Es más, en junio de 1990 se obtuvo el primer logro con el allanamiento de una casa en Monterrico, donde se halló una lista de contactos y luego se pudo conocer, en otra operación similar, a las personas que conformaban el Comité Central del PCP-SL, en el ya famoso video donde se les registra bailando la danza de “Zorba el Griego”.

La labor del GEIN fue ajena a la estrategia del fujimorismo. Fujimori adoptó la estrategia de las Fuerzas Armadas, basada en eliminación selectiva de miembros del PCP-SL o sospechosos de serlo. Pero cuando el GEIN comenzó a obtener ciertos resultados, Montesinos intentó inflitrar el grupo con varios militares, muchos de los cuales conformarían años después el sanguinario Grupo Colina.

Para mayor añadidura, el 12 de septiembre de 1992 ninguno de los altos dirigentes del fujimorato estaban enterados de la operación. Fujimori pescaba en la selva, Montesinos estaba en una recepción en la Embajada Británica y los militares estaban en la boda de una de las hijas de Hermoza Ríos, al igual que buena parte del gabinete. Todos en babia.

Detrás de este gran éxito policial hubieron años de trabajo y aprendizaje de la labor policial, en base a la experiencia que supuso el combate al terrorismo.

Una serie de sucesos ocurridos luego de la captura confirma que no fue mérito de Fujimori este importante logro:
a) Los institutos armados y servicios de inteligencia no perdonaron a la Policia haber dado el golpe por cuenta propia y propalar la noticia a todo el mundo sin un filtro previo. Las presiones militares llevaron a Fujimori a desarticular el GEIN.
b) Los medios de comunicación aliados del fujimorato exacerbaron las pugnas internas dentro de la Policía. Hasta el día de hoy, Antonio Ketin Vidal y Benedicto Jimenez patéticamente se pelean por la autoria de la captura. Lo cierto es que el jefe del operativo que permitió la captura de Guzmán fue Marco Miyashiro.
c) Se elaboró, con posterioridad a la captura, una versión oficial y alejada de la realidad, sobre la pacificación, según la cual el mérito de la derrota de Sendero correspondió a las Fuerzas Armadas, gracias a supuestas decisiones de Fujimori y Hermoza Ríos, como a las investigaciones y operaciones del SIN (basta recordar los discursos panegíricos que se daba a Vladimiro Montesinos por aquellos años). A esto los antropólogos le llaman “memoria de salvación”.

Hoy, ya en democracia, Guzmán y sus principales secuaces han sido sometidos a un proceso justo y con todas las garantías que culminará en una cadena perpetua, de acuerdo a las pruebas actuadas. Sin duda, un final acorde para una persona que, lejos de ser brillante, constituye la cabal prueba de como el dogmatismo, el fundamentalismo y el culto a la personalidad pueden llevar a desencadenar ríos de sangre que los peruanos no queremos volver a vivir.