Desde el Tercer Piso

¿Pero tiene el Gobierno la voluntad política para ayudar a esta tarea?

El caso del Vocal Supremo Eduardo Palacios, involucrado en un soborno a cambio de ayudar a modificar una sentencia judicial, no solo debe llamarlos a la indignación y a la petición de sanciones ejemplares para quienes resulten involucrados, sino también debe ser la sacudida necesaria para que el Estado peruano tome de una vez conciencia de la imprescindible reforma del sistema de justicia.

Y, ojo, decimos sistema de justicia, pues consideramos que el tema abarca no sólo al cuestionado Poder Judicial, sino a todas las instituciones estatales vinculadas a la administración de justicia en nuestro pais: Ministerio Público, Consejo Nacional de la Magistratura, justicia militar, Academia de la Magistratura y el propio Ministerio de Justicia.

Queda demostrado que el tema no solo pasa por sueldos o por mayores recursos. El Vocal Palacios ganaba más de 20 mil nuevos soles mensuales y ya vemos en que cayó. El Tribunal Constitucional ha sido claro en que el Poder Judicial requiere de mayores recursos, pero que debe orientarlos a objetivos de reforma y mejora de su desempeño.

La principal dificultad, hay que ser claros, es el componente humano del Poder Judicial. No contamos - salvo excepciones - con Vocales Supremos dignos de llamarse como tales y aún en dicha instancia debemos contar con un alto número de provisionales (dentro de los que se encuentran los cuestionados jueces Palacios, Robinson Gonzáles y César Vega Vega). La Corte Suprema se ha convertido en una rémora para cualquier intento de reforma y, además, debemos señalar que el sistema de casaciones la ha convertido en una tercera instancia judicial, en lugar de ser el ente que, con pocas sentencias al año, establezca los lineamientos generales de jurisprudencia.

Pero para poder emprender dicho cambio en la Suprema son necesarios tres pasos: el primero, mejorar los mecanismos de selección, nombramiento y ratificación de magistrados por parte del Consejo Nacional de la Magistratura, tarea pendiente a la que este organismo debe abocarse a fin de tener mejores jueces y fiscales. Si bien el filtro actual con el que contamos ha impedido que se cuenten con peores magistrados, aun falta mucho por hacer.

El segundo, mejorar la transparencia en la elección del Presidente de la Corte Suprema. Desde diversos medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil se ha pedido que quienes postularán a este cargo - a elegirse en diciembre - presenten su currículum para que todos los ciudadanos podamos fiscalzar la trayectoria profesional y personal de los postulantes. Pero aquí ya se vio la poca voluntad de algunos para practicar dicha transparencia: un diario como Expreso ha emprendido una campaña de satanización de quienes emprenden dicha loable iniciativa, con la colaboración de los Vocales Supremos Robinson Gonzales y César Vega Vega, que incluso ha llevado a que la Comisión de Inteligencia del Congreso (presidida por el inefable Almirante Luis Giampietri) se aboque a una “investigación” que tiene todos los visos de convertirse en una cacería de brujas. Es decir, todos los intereses creados para “matar al mensajero” y evitar que los ciudadanos conozcamos a quien podría dirigir los destinos del Poder Judicial durante los próximos dos años.

El tercero, es emprender modificaciones constitucionales y legales para reformar la estructura y atribuciones del Poder Judicial y de otros organismos constitucionales. Todo ello pasa por el Congreso de la República y por los partidos politicos quienes, con excepción de Unidad Nacional, UPP y Acción Popular, no presentaron planes para la reforma judicial. Y dichos planes tenían que ver, fundamentalmente, con la implementación de las recomendaciones de la Comisión Especial de Reforma Integral de la Administración de Justicia (CERIAJUS), que hasta ahora duermen el sueño de los justos en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso y en el despacho del Presidente de la República. Pregúntese, amigo lector, si es que al poder económico y al poder político que han medrado de la incompetencia y corrupción del sistema de justicia le conviene que se reforme algo y encontrará la respuesta a porque el trabajo de la CERIAJUS está encarpetado desde hace 2 años.

Ninguna reforma de la administración de justicia funciona sin los jueces, pero tampoco sólo con ellos (que son parte del problema). El Ministerio de Justicia, dirigido por una ex jueza, parece seguir en las nubes con relación a este tema. La doctora María Zavala fue una jueza honesta, pero durante su gestión al frente de la Corte Superior de Justicia su vocación por cambiar las cosas era de tibia para abajo.

A ello se suma el hecho de que varios de sus acompañantes en el Ministerio no son precisamente las personas más idóneas: Gino Ríos, nombrado procurador para investigar al gobierno anterior, fue descubierto por el CNM como plagiario de un artículo jurídico; Luis Salgado, secretario del Consejo de Derechos Humanos, presentó en su currículo cuando se quiso presentar para ser Defensor del Pueblo información falsa sobre su trabajo en la ONU; Manuel Tambini del Valle, presidente del Consejo de Defensa Judicial del Estado, es decir jefe de todos los procuradores, fue abogado de Alan García y diputado aprista entre 1985 y 1990. Y hasta ahora no se nombra el reemplazo de Antonio Maldonado como procurador para los casos de la mafia Fujimori - Montesinos.

De alli que nos preguntemos si este gobierno tiene o no vocación de reforma. Pues hasta ahora no ha emitido mensajes o señales que vayan en esa dirección. En general, podemos decir, a un mes de gobierno, que será un eficiente administrador, pero de cambios, naranjas huando.

Finalmente, cabe preguntarnos a nosotros mismos la responsabilidad que tenemos como ciudadanos en esta tarea. Detengamos, por ejemplo, en los empresarios. En Chile, país que tanto admiran y señalan como ejemplo los agrupados en la CONFIEP y sus periodistas amigos, los empresarios se comprometieron - con apoyo económico y personal - a reformar el sistema de justicia, pues entendieron que sus derechos como ciudadanos y la seguridad jurídica que requieren las inversiones necesitaban de una administración de justicia sólida, democrática y eficaz. Aquí los empresarios siguen presionando con su poder económico para que sus juicios salgan bien, o en la época de Fujimori y Montesinos iban a negociar sentencias judiciales en la salita del SIN como Dionisio Romero en célebre video o el caso de las acciones de Yanacocha.

Sin duda, el cambio en la justicia es algo que la ciudadania, preocupada por sus procesos penales, de alimentos, embargos, cobro de letras o luchando contra la impunidad, espera con ansias. ¿Haremos algo para iniciarlo ahora?

ENLACES:
Editorial de El Comercio: Un acto bochornoso que prueba la urgencia de la reforma judicial.
Juan Paredes Castro: Nada va a servir si la mala justicia es intocable.
Augusto Alvarez Rodrich: Que el juez Palacios se convierta en “colaborador eficaz”. La lucha por la transparencia en el Poder Judicial.
Editorial de La República: Las manos en la coima.
Mirko Lauer: ¿Mosca en la sopa o sopa de moscas?
El Utero de Marita: El doctor Tambini.
Agencia Perú.com: ¿Por qué la Comisión de Inteligencia persigue al IDL?
El Plan de la CERIAJUS para reformar la Justicia peruana.
Libro de Javier de Belaúnde: La Reforma del Sistema de Justicia