La noticia que ha acaparado las primeras planas de todos los diarios de Lima ha sido la apertura de instrucción contra Ollanta Humala por despariciones forzadas, asesinatos y lesiones graves, por hechos ocurridos en la base militar de Madre Mía (departamento de Huánuco) en 1992, cuando el ex candidato presidencial era el jefe de este emplazamiento.
Hasta el momento, los indicios que justifican la apertura de instrucción contra Humala son las declaraciones de familiares de desaparecidos en la zona, así como de dos compañeros de armas del comandante en retiro, quienes han corroborado los actos de violaciones a los derechos humanos, presuntamente cometidas por Humala.
El hecho, tratándose del candidato que quedó segundo en la elección presidencial pasada, ha tomado un cariz político. El propio Humala y sus principales voceros han señalado que la apertura del proceso penal en contra del ex candidato sería un elemento de persecusión política, ad portas de las elecciones regionales y municipales. Si bien Humala ganó con un margen bastante amplio en 15 departamentos del país (entre ellos, los más pobres), su movimiento político se ha debilitado con el transcurrir de los meses y sus posibilidades de obtener el triunfo en estas elecciones se han reducido solo de 3 a 5 departamentos.
A pesar de ello, no deja de extrañar la celeridad de este caso, a diferencia de otros procesos judiciales que involucran a otros elementos de las Fuerzas Armadas en violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el periodo de violencia ocurrido entre 1980 y 2000 y que algunos sectores políticos y sociales aun se empeñan en negar y/o justificar.
Como hemos mencionado en otras ocasiones en este espacio, no deja de extrañar que medios de comunicación cuya trayectoria en defensa de los derechos humanos es nula o adversa sean los más interesados en que este caso culmine con la culpabilidad de Humala. Si bien el proyecto político de Humala ha sido señalado por nosotros como autoritario y con propuestas ciertamente inviables, también es cierto que desde algunos sectores mediáticos (como los diarios Correo y Expreso, por citar dos ejemplos), cualquier persona que hable de cambios sociales y exclusión es acusada de poco menos que subversiva.
A pesar de lo antes señalado, creemos que existen los elementos suficientes para procesar a Humala por estos hechos. Lo que no se puede negar es que existieron despariciones forzadas en Madre Mía y que hay familias que reclaman por obtener justicia. Si Ollanta Humala fue o no el responsable es algo que el Poder Judicial dilucidará a fin de cuentas.
Pero lo que debe llamarnos a reflexión es que estuvimos a un paso de elegir como Presidente a una persona con acusaciones tan serias y fundamentadas con relación a delitos tan execrables y condenables. ¿Qué falla en nuestra sociedad que ha hecho que un sector de ésta justifique o no tenga en consideración a un grupo de peruanos que ha sufrido por la violencia?
ENLACES:
Informe de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos sobre los sucesos de Madre Mía.
Ollanta Humala dice que el proceso judicial contra Ollanta Humala es una persecución política.
Jueza Miluska Cano niega ingerencia política.
Carlos Tapia niega que Ollanta huirá del país.
César Zumaeta: El APRA no tiene nada que ver en esto.
Carlos Basombrío: ¡Madre Mía, pensar que podría ser Presidente!
(Foto: Perú.21)
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