Desde el Tercer Piso

El jueves 28 de agosto de 2003, la Comisión de la Verdad y Reconciliación entregó al país y a los poderes del Estado su Informe Final, donde plasmó su visión sobre el periodo de violencia que vivimos entre 1980 y 2000, pero también nos brindó la oportunidad de reconocernos como una sociedad que tendrá que emprender tareas mayores que el mero crecimiento económico para ser un país desarrollado y en el que todos sus ciudadanos se reconozcan como sujetos de derechos.

La entrega del Informe Final de la CVR trajo consigo una serie de críticas, la mayoría de las cuales se basó en prejuicios y aceleradas defensas de intereses particulares.

Lo que, a mi modo de ver, vició el debate de fondo sobre lo señalado por la CVR, fue el hecho de que quienes se convirtieron en sus más descarnados críticos no leyeran (o pretendieran ignorar) el Informe Final. Y me atrevo a lanzar tal afirmación pues he podido leer el documento en su integridad y en ningún momento señala lo que la mayor parte de sus detractores indican que dice.

Hay quienes han especulado que el Informe Final favorece a Sendero Luminoso, pero tengo mis fundadas discrepancias en que así lo fuera. En efecto, en ninguna parte del IF se hace loa o alabanza alguna a dicha agrupación, considerada por la Comisión como principal responsable del proceso de violencia vivido en las dos últimas décadas del siglo. Para muestra de la visión que tuvo la CVR sobre Sendero, señalemos algunos párrafos del Informe Final:

“El Partido Comunista del Perú conocido como Sendero Luminoso (PCP-SL) es una organización subversiva y terrorista que en mayo de 1980 desencadenó una guerra contra el Estado y la sociedad peruanos. A lo largo de ese conflicto, el más violento de la historia de la República, el PCP-SL cometió crímenes de extrema gravedad que configuran delitos de lesa humanidad y se constituyó en el principal culpable del alto número de víctimas producido. La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) ha constatado que el PCP-SL fue responsable del 54% de las muertes y desapariciones que le fueron reportadas durante su investigación y, sobre la base de los cálculos realizados, estima que la cifra total de víctimas fatales ocasionadas por dicha organización asciende a 31, 331 personas”. (IF CVR, Tomo II, página 25).

“La CVR encuentra que la causa inmediata y decisiva para el desencadenamiento del conflicto armado interno en el Perú fue la libre decisión del PCP-SL de iniciar una denominada «guerra popular» contra el Estado, a contracorriente del sentir mayoritario de millones de peruanos y peruanas que, hacia fines de la década de 1970, canalizaban sus anhelos de transformación profunda de nuestra sociedad por otras vías como las organizaciones sociales (federaciones campesinas y sindicales, organizaciones barriales, de mujeres, de pequeños y medianos empresarios), las movilizaciones pacíficas y la constante participación electoral desde la reinstauración de la democracia en 1980. Para concretar sus planes el PCP-SL utilizó principalmente el espacio educativo, captando y adoctrinando pequeños núcleos de jóvenes a partir de los cuales buscó inflitrarse en los sectores rurales y urbanos discriminados o no representados por el sistema político. El PCP-SL buscó explotar así antiguas fallas históricas, que atraviesan el Estado y la sociedad peruana; y aprovechó los graves errores cometidos por los sucesivos gobiernos en la aplicación de una adecuada política contrasubversiva”. (IF CVR, Tomo VIII, página 25).

“La CVR considera que el PCP-SL sustentó su proyecto en una ideología de carácter fundamentalista, centrada en una rígida preconcepción del devenir histórico, encerrada en una visión únicamente estratégica de la acción política y, por tanto, reñida con todo valor humanitario. El PCP-SL desdeñaba el valor de la vida y negaba los derechos humanos.” (Conclusión General 16).

“La CVR ha determinado que, de acuerdo con su ideología, el PCP-SL adoptó una estrategia orientada a provocar de manera consciente y constante respuestas desproporcionadas por parte del Estado sin tener en cuenta el profundo sufrimiento que ello ocasionaba a la población por la que decía luchar”. (Conclusión General 18)

“La CVR encuentra asimismo un potencial genocida en proclamas del PCP-SL que llaman a “pagar la cuota de sangre” (1982), “inducir genocidio” (1985) y que anuncian que “el triunfo de la revolución costará un millón de muertos” (1988). Esto se conjuga con concepciones racistas y de superioridad sobre pueblos indígenas”. (Conclusión General 21)

“La CVR ha encontrado que el PCP-SL se aprovechó de ciertas instituciones del sistema educativo como principal cabecera de playa y que, a través de ellas, logró expandir su prédica y captar núcleos minoritarios de jóvenes de uno y otro sexo en diferentes partes del país. Si bien ofrecía a los jóvenes una utopía que les brindaba identidad totalizante, en el fondo los encerraba en una organización fundamentalista y opresora a través de cartas de sujeción a Abimael Guzmán Reinoso”. (Conclusión General 22).

¿Esta caracterización puede ser calificada como “pro senderista”? De su lectura, rápidamente se puede desprender que no.

Y aprovecho la oportunidad para rechazar la última maniobra que el abogado de Abimael Guzmán, principal responsable de esta tragedia nacional, intenta hacer, abogando falsamente por la “reconciliación nacional”. Aprovechando los intereses de un grupo de oficiales de las Fuerzas Armadas y del fujimorismo por no ir a la cárcel por la comisión de crímenes de lesa humanidad, Guzmán, por la boca de su abogado, plantea lo que consideramos una aberración injustificable y una falta de respeto a las 69,280 víctimas del conflicto: una amnistía general.

Ninguna reconciliación puede basarse en el perdón de los hechos ocurridos. La propia CVR desalienta este tipo de iniciativas por considerarlas agraviantes para la Nación y para las víctimas de la violencia en particular. Sobre este tema, la Comisión señaló lo siguiente:

“En cuanto a “la solución política y la democratización de la sociedad,” conviene señalar que ambos temas se vinculan estrechamente. El PCP-SL pide una solución política y no militar para enfrentar su derrota en el proceso de la reconciliación nacional. Sin embargo, el PCP-SL no plantea que, para la solución que propone, se requiera la renuncia absoluta a la violencia y la lucha armada como instrumentos de la acción política. La verdadera solución política al conflicto no es la que propone una “amnistía política” de los presos que participaron en el conflicto. Mientras que el PCP-SL no haga un reconocimiento público de su renuncia a la violencia como método de su accionar político, está manifestando que su propuesta de reconciliación no está fundada en el interés de la sociedad y de la nación, sino que sigue anclada en sus intereses de grupo. El PCP-SL ha convertido a la violencia y el terror en parte indesligable de su existencia, y por ello la renuncia que se exigiría a dichos métodos significaría en el fondo solicitarle al PCP-SL que se niegue a sí mismo. Hay que distinguir, sin embargo, entre la organización misma y sus militantes, los cuales, una vez que hayan pagado su deuda con la justicia – si ése fuere el caso – podrán, como cualquier ciudadano, hallarse expeditos para ejercer sus derechos dentro de una sociedad que encuentra que la política es incompatible con la violencia. En relación al “proceso de democratización de la sociedad,” él sólo se dará en la medida en que todas las fuerzas políticas y democráticas del país asuman la tarea de fortalecer la democracia sin recurrir a la violencia. Será en función de la democratización, y por ella, que podrá darse el auténtico proceso de reconciliación y solucionarse el conflicto armado con los remanentes del senderismo que todavía existen en el Perú. El PCP-SL se ha puesto fuera de la ley y de la construcción democrática del país. (IF CVR, Tomo IX, página 44 y 45).

Otros han enfatizado en un supuesto sesgo antimilitar y de equiparación de responsabilidades entre Sendero y las Fuerzas Armadas. Para quien lea la Conclusión General 12, sobre la causa inmediata del conflicto armado interno, achacada a Sendero Luminoso, este argumento ya podría parecerle, por lo menos, susceptible de sospecha. Pero los siguientes párrafos demuestran a quien no ha leído el IF la falacia del argumento:

“La CVR señala que las fuerzas policiales tenían el deber de enfrentar a los grupos subversivos que vulneraban los derechos fundamentales de los ciudadanos y reconoce la esforzada y sacrificada labor que sus miembros realizaron durante los años de violencia. Asimismo, rinde su más sentido homenaje al más de un millar de valerosos miembros de las fuerzas del orden que perdieron la vida o quedaron discapacitados en cumplimiento de su deber“. (Conclusión General 39)

“La CVR reconoce la esforzada y sacrificada labor que los miembros de las fuerzas armadas realizaron durante los años de violencia y rinde su más sentido homenaje a los más de un millar de valerosos agentes militares que perdieron la vida o quedaron discapacitados en cumplimiento de su deber“. (Conclusión General 53).

Sin embargo, el reconocimiento de la heroicidad de las Fuerzas Armadas no puede llevar a ocultar sucesos dolorosos, muchos de los cuales fueron oportunamente denunciados por la prensa independiente.

“Frente a un desafío tan desmesurado, era deber del Estado y sus agentes defender a la población —su fin supremo— con las armas de la ley. Debe quedar claro que el orden que respaldan y reclaman los pueblos democráticos no es el de los campos de concentración, sino aquél que asegura el derecho a la vida y la dignidad de todos. No lo entendieron así los encargados de defender ese orden. En el curso de nuestras investigaciones, y teniendo a mano las normas de derecho internacional que regulan la vida civilizada de las naciones, hemos llegado a la convicción de que, en ciertos periodos y lugares, las fuerzas armadas incurrieron en una práctica sistemática o generalizada de violaciones de derechos humanos y que existen fundamentos para señalar la comisión de delitos de lesa humanidad, así como infracciones al derecho internacional humanitario.

Como peruanos, nos sentimos abochornados por decir esto, pero es la verdad y tenemos la obligación de hacerla conocer. Durante años, las fuerzas del orden olvidaron que ese orden tiene como fin supremo a la persona y adoptaron una estrategia de atropello masivo de los derechos de los peruanos, incluyendo el derecho a la vida. Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas, masacres, violencia sexual contra las mujeres y otros delitos igualmente condenables conforman, por su carácter recurrente y por su amplia difusión, un patrón de violaciones de los derechos humanos que el Estado peruano y sus agentes deben reconocer para subsanar”. (IF CVR, Prefacio)

¿La CVR llegó a esta conclusión por mero ánimo anti militar? No. Los muertos están allí para desmentir a quienes quieren dejar de ver la existencia de estos malos oficiales, que no deben confundirse con los héroes que las instituciones castrenses y la Policía Nacional legaron durante este conflicto. Justamente, sí se quiere rescatar la memoria de aquellos que ofrendaron su vida, quienes no cumplieron con su deber deben ser castigados y separados de la institución. Por lo demás, dichas violaciones de los derechos humanos retrasaron la derrota de Sendero, pues con ello se perdía el respaldo de la población andina, que se encontró durante varios años entre dos fuegos.

Podríamos seguir desmenuzando críticas, pero, básicamente, lo que ellas pretenden es ignorar responsabilidades y reconocimientos de culpa. Los partidos políticos (desde la izquierda radical hasta la derecha), los gobiernos de turno, los gremios sindicales y empresariales y algunos malos elementos del clero católico y de los pastores evangélicos rechazan el Informe porque recuerda aquello que hicieron mal o dejaron de hacer durante los años en que el conflicto se ensañó con los más pobres, olvidados y marginados de la sociedad.

Y esa es la principal tragedia del país: la exclusión. Existió una notoria relación entre la situación de pobreza y exclusión social y la posibilidad de ser víctima de la violencia. El número de víctimas fue más alto del que se había señalado hasta ese momento pues muchos peruanos carecían del documento de identidad o partida de nacimiento, o su muerte no era registrada ni siquiera por los periódicos de provincias. Sin llegar a ser un conflicto étnico, es claro que la población campesina y quechuahablante fue la principal víctima del conflicto, no sólo por la vesanía con la que Sendero y el MRTA se comportaron durante esos años, sino también por la incapacidad del Estado como garante de un orden democrático y de los derechos fundamentales de sus ciudadanos.

Ausencia del Estado, sentida en una educación de baja calidad, donde Sendero aprovechó dichas falencias para propagar una ideología fundamentalista y una cultura de la muerte, reñida con la democracia y que no aceptaba ninguna contradicción.

Ausencia de un Estado incapaz de realizar una verdadera política contrasubversiva que controlara los posibles excesos y violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas del orden, de procesar tanto a subversivos como a militares que vulneraban los derechos de la población, que no distinguía entre inocentes y culpables, que fue incapaz de mantener la democracia a partir de 1992.

El Presidente Alan García hizo referencia, en su primer mensaje de su segundo periodo, al deber que todos los ciudadanos tenemos con el país. ¿Y no es nuestro primer deber defender la democracia y el Estado de derecho? Sin embargo, con el pretexto del orden y la seguridad – y sin que dicha decisión gravitara en el desenlace del conflicto – se dio un golpe de Estado, aplaudido por la población, como si la democracia y el orden dependieran de una mano fuerte, de una autoridad parecida a las monarquías despóticas y como sí los muertos fueran un costo a pagar por los ciudadanos de las zonas rurales y más empobrecidas. Debemos reconocer que como sociedad no cumplimos con nuestro deber.

Ahora el deber viene en forma del cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. El Estado ya tiene el marco legal para comenzar a reparar a las víctimas de la violencia: deberá comenzarlo a aplicar de una vez, considerando que la reparación no es un programa social más, sino una forma de reconocer al afectado y a su familia como ciudadanos de este país. Es necesario acelerar los procesos judiciales, para dilucidar culpas y zanjar el tema de las responsabilidades penales. Pero, además de todo ello, será necesario emprender aquellas reformas institucionales necesarias para mejorar la relación entre el Estado y la sociedad, en particular en aquellas instituciones cuya actuación de aquellos años dejó en claro que necesitaban un cambio profundo para poder funcionar: la educación pública, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el sistema de justicia.

El deber de los peruanos de a pie no se limita que todos los 28 de agosto recordemos a nuestros muertos y lo ocurrido durante aquellos años, sino a leer con atención y sin prejuicio lo indicado por la CVR, así como a contribuir que la cultura de la muerte y la exclusión, que larvó a Sendero Luminoso, quede para siempre desterrada de nuestra forma de vida como sociedad y como individuos. Solo así podremos evitar que aquellos dolorosos 20 años del conflicto más intenso, extenso y prolongado de nuestra historia, se vuelva a repetir.

ENLACES:
Informe Final de la CVR.
Salomón Lerner Febres: “Es totalmente cínico el pedido de Guzmán”.
Enrique Bernales: Hay atrasos preocupantes sobre las recomendaciones de la CVR.
Mercedes Cabanillas y Carlos Tapia rechazan la amnistía.
Ideele Radio: Balance de lo avanzado.