Desde el Tercer Piso

TERCER ACTO: UNA DENUNCIA REBATIBLE

El diario La Primera, dirigido por el periodista Juan Carlos Tafur, publicó el día de hoy una denuncia sobre el manejo económico de la CVR y que motivó incluso la primera plana del medio en cuestión.

El reportaje, firmado por la periodista Milagros Rumiche, se basa en un Informe del Organo de Control Interno de la Presidencia del Consejo de Ministros, entidad de la que dependía la CVR. De acuerdo a este informe, se detectaron deficiencias administrativas en la documentación que sustenta los gastos por tres millones 460 mil soles que le fueron entregados por el FEDADOI, las cuales fueron consignadas en el oficio 003-2005-2-0581.

Sin embargo, mala noticia para quienes creían que con esto se acababa la CVR, la Comisión no tuvo ningún mal manejo económico.

En primer lugar, la CVR no manejó directamente sus fondos. La Presidencia del Consejo de Ministros firmó un convenio con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para administrar los fondos destinados a la CVR bajo el proyecto “Apoyo a la Comisión de la Verdad y Reconciliación”. El PNUD brindó servicios de administración y auditoría permanente para el uso correcto de dichos recursos. Todo gasto era reportado al PNUD, desde los viajes para la realización de audiencias públicas hasta la compra de útiles de escritorio.

Por estar dentro de este régimen de administración, la CVR estaba sometida a las normas establecidas en los procedimientos del PNUD, aprobados por Naciones Unidas, los que cumplen con los más altos estándares de calidad en la administración y control del gasto.

En segundo lugar, a pesar de no estar obligada por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, la Comisión de la Verdad y Reconciliación publicó en su página web sus cuadros de fuentes de financiamiento, personal, presupuesto y metas globales y un cuadro comparativo frente a organismos similares en el mundo.

En tercer lugar, con relación a la denuncia concreta, ésta se basa en un informe parcial de la PCM sobre el destino de los fondos del FEDADOI. Sin embargo, estas observaciones fueron oportunamente levantadas, tal como lo demuestran los documentos que han sido entregados a la prensa y que, sin duda, serán materia de comentario durante las próximas horas.

Finalmente, la CVR fue materia de una auditoria – a su petición – efectuada por la empresa KPMG, de reconocida trayectoria en el Perú y en el extranjero. La auditoría señaló, claramente, que los ingresos y egresos de la Comisión fueron claros y que no se encuentra ninguna irregularidad en los balances y documentos presentados para su examen.

En suma, el manejo de los recursos destinados a las labores de la Comisión de la Verdad y Reconciliación fue claro y transparente.

¿POR QUÉ MATAR AL MENSAJERO? (A MANERA DE CONCLUSION):

No es la primera vez que se intenta desprestigiar a la CVR o a sus miembros. Desde el inicio de su trabajo, en momentos previos y posteriores a la entrega del Informe Final y cada vez que se acerca el aniversario de la presentación de su trabajo (28 de agosto de 2003) llueven la andanada de críticas sobre la CVR, su trabajo y sus integrantes.

Lo curioso es que, como lo hemos señalado en otras oportunidades, los argumentos esgrimidos apuntan a falsedades, prejuicios y cuestiones que nunca se señalaron en el Informe Final: “la CVR es pro senderista”, mientras que la CVR condenó a SL, señaló que fue el principal responsable de lo que ocurrió en esos años y el principal perpetrador de violaciones a los derechos humanos. “La CVR quiere tumbarse a las Fuerzas Armadas”, mientras que se reconocía el heroismo de quienes lo merecían y se procuraba que los militares no incurran nunca más en los errores del pasado. “La CVR infló la cifra de víctimas”, cuando la cifra que se manejaba era a todas luces inexacta. “La Comisión es izquierdista”, cuando uno de los sectores que queda peor parado en el Informe Final es la izquierda peruana, por su falta de deslinde a tiempo frente a los métodos violentos empleados por SL y el MRTA. Como dijo Rosa María Palacios en su oportunidad: ¿dónde dice lo que supuestamente dice?

La pregunta que debemos hacernos es: ¿cuántos de los detractores de la CVR han leído el Informe Final o, al menos, su versión abreviada?

La idea es matar al mensajero. ¿Por qué? Intento una respuesta:
- Cipriani: Porque se recuerda que sus declaraciones y acciones no se condicen con la conducta esperable de un hombre de iglesia.
- Rey, Barba, Giampietri, Lourdes Alcorta: Porque, en el fondo, consideran que lo que se hizo en términos militares estuvo bien y los terroristas – o cualquiera que en su limitado sentido común pudiera ser sospechoso de serlo – estaban bien muertos. Además, en el caso de Rey fue ignominiosa su voto en pro de la ley de amnistía y de Giampietri se sabe que afronta cargos pendientes por lo del Frontón.
- Aldo Mariátegui y sus amigos de Expreso: Porque desde su perspectiva, calificada por Pedro Salinas como “derecha de Altamira”, todo lo que le suene a “social” o a “progre” debe ser destruido.
- Casi toda la clase política y empresarial: Porque el Informe Final les recuerda que mucho de responsabilidad tienen en lo que nos ocurrió como sociedad. Claro, es fácil decir que SL era una horda de fanáticos – que lo eran – pero también lo es ignorar que había un caldo de cultivo de la violencia y que los gobiernos no supieron defender los derechos de la población. Ojo, el silencio de García sobre derechos humanos en su mensaje nos dice a las claras de su poco compromiso con el tema.
- Fujimori y sus seguidores: Salvar de la cárcel a su líder, quien afronta un proceso de extradición por violaciones a los derechos humanos.
- Y, en general, porque la CVR les recuerda que no vivimos en Disneylandia, que vivimos en una sociedad escindida, con un amplio sector de la población reclamando por menos exclusión, menos discriminación y una democracia que los incluya y pueda satisfacer sus necesidades básicas.

¿Por matar al mensajero, acallarán lo que el país, a los ojos de todos, nos señala?

UPDATE:
Carlín editorializa el tema Cipriani
La República: La CVR presenta pruebas de que no se presentaron malos manejos
El Útero de Marita: La CVR en la fosa común
Agencia Perú.com: Del Castillo repite lugares comunes
Bambarén: Cipriani no representa la voz de la Iglesia Católica.

SEGUNDO ACTO: REMEZON EN LA CATEDRAL

Que Juan Luis Cipriani es un personaje polémico, no hay ninguna duda. Lo confirmó el día viernes 28 de julio, en plena misa de Acción de Gracias por el 185 aniversario de la independencia nacional. Ese día, Cipriani, en la última ceremonia oficial de Alejandro Toledo, dijo lo siguiente sobre la CVR:

De manera muy respetuosa y, al mismo tiempo muy clara (quiero) dejar muy clara mi posición en la historia ante dos hechos, el primero de ellos mi rechazo a gran ‘parte de los juicios emitidos por la CVR, por un lado especialmente a aquellos que hacen referencia a la actuación pastoral en las iglesias locales de Huancavelica, Apurímac y Ayacucho a las que rindo mi homenaje por los durísimos años que les tocó vivir y que de una manera injusta la CVR ha enjuiciado muy negativamente. ¡A mis hermanos de la sierra central mi cercanía y apoyo!

Y a esta declaración se sumó otra en la misma homilía, donde señaló que la Comisión había “maltratado” a las Fuerzas Armadas, Policiales y a los Comités de Autodefensa (ronderos).

Comencemos por este último punto. Como lo hemos consignado ya en otro comentario previo, lo que la CVR dijo sobre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional fue lo siguiente:
- El Estado tenía derecho a utilizar a sus Fuerzas Armadas y Policiales y declarar estados de emergencia, instituciones consideradas por la Constitución como garantías de protección frente a situaciones de grave riesgo. Sin embargo, la Comisión critica y deplora que los gobiernos que decidieron utilizar estos instrumentos e instituciones no tomaran las previsiones para impedir las violaciones de los derechos fundamentales de la población.
- Se reconoce la sacrificada labor que militares y policías tuvieron durante los años de violencia, rindiendo homenaje a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales que murieron o quedaron discapacitados en cumplimiento de su deber.
- El orden democrático a defender era aquel que aseguraba el derecho a la vida y la dignidad de todos, hecho que no fue entendido por todos los responsables de conducir y ejecutar las acciones de defensa del Estado. Por ello, la CVR encontró, en el transcurso de sus investigaciones y de acuerdo a las normas internacionales sobre derechos humanos que, en ciertos lugares y periodos de tiempo, las Fuerzas Armadas cometieron violaciones sistemáticas y/o generalizadas contra los derechos humanos y, además, existen fundamentos para señalar la comisión de delitos de lesa humanidad por parte de algunos miembros de las instituciones castrenses.
- Esta dolorosa tarea no fue emprendida con el ánimo de perjudicar a las Fuerzas Armadas. Por el contrario, el espíritu de trabajo de la CVR implicó el relato y caracterización de las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas del orden, con el fin de evitar que se comentan acciones que no contribuyan a mejorar su accionar práctico frente a cualquier forma de subversión o terrorismo y a respetar la democracia y el Estado de Derecho.

Sobre los Comités de Autodefensa (CAD), la CVR mencionó que los campesinos tenían el derecho a defenderse en el contexto excepcional planteado por la agresión de Sendero Luminoso, formándose los CAD, organizaciones que fueron un factor muy importante en el desenlace del conflicto y en la victoria final contra la subversión. Resalta, asimismo, que no se convirtieron en sicarios del narcotráfico ni se involucraron en otras actividades ilícitas, señalándose, además, que el Estado tiene una deuda pendiente con los ronderos. Sin embargo, no deja de mencionarse que, en ocasiones, resultaron responsables de crímenes que deben ser sancionados.

Vayamos ahora a lo que tanto molesta al Cardenal. El recordatorio de su actuación y declaraciones como Obispo Auxiliar y luego como Arzobispo de Ayacucho durante los años de violencia. Para ser sinceros, se reconoce como positiva la labor de Cipriani como mediador durante la toma de rehenes en la residencia del embajador del Japón en Lima, e incluso se consignan los comunicados y declaraciones donde el ahora Cardenal se lamentaba por no haber llegado a una solución pacífica a dicha crisis (Ver IF CVR, Tomo III, páginas 397 y 398).

Sin embargo, Cipriani fue a contracorriente de las acciones y declaraciones de la Iglesia Católica durante los años de violencia – y, además, de lo señalado por el evangelio sobre el amor al prójimo y la solidaridad – con las siguientes acciones y declaraciones:
- En la puerta del arzobispado de Ayacucho existía una pizarra que decía “No se aceptan reclamos sobre derechos humanos”. Tampoco protestó contra las masacres que hacía Sendero Luminoso ni acudió en auxilio de las víctimas.
- Cipriani participó en el Consejo de Coordinación para el desarrollo de Ayacucho, liderado por el jefe del Comando Político Militar, entidad que tenía mucho peso para el nombramiento de personas.
- En 1990 boicoteó el trabajo de la Oficina Arquidiocesana de Acción Social de Ayacucho (OOASA). Esta oficina realizaba labores de asistencia humanitaria y a las víctimas de la violencia y sus familiares. Cipriani quería una Iglesia centrada en el culto y la oración, en desmedro de la promoción social. Cabe mencionar que, luego de su cierre, los archivos de OOASA fueron quemados.
- Marzo de 1991: “Mientras no afirmemos con claridad que los derechos humanos no son unos valores absolutos intocables, sino que están permanentemente sometidos a los límites que les señalen unos deberes humanos, es imposible afrontar con eficiencia los males que padecemos, especialmente la inmoralidad en las funciones públicas y el terrorismo. Digámoslo de forma sintética: la mayoría de instituciones llamadas de “defensa de los derechos humanos” son tapaderas de rabo de movimientos políticos, casi siempre de tipo marxista y maoísta”.
- Agosto de 1991: “La Iglesia hace menos, y no más, por la paz, si abandona su propia esfera de fe, educación, consejo, oración y amor y se transforma en una organización política”.
- Mayo de 1992, a propósito de la venida de la misión de la OEA, a raíz del golpe de estado del 5 de abril: “aprecio y respeto la misión de la OEA en nuestro país. Sin embargo, debo afirmar que los problemas políticos del Perú los resuelven los peruanos”.
- Octubre de 1992, durante la Conferencia Episcopal Latinoamericana de Santo Domingo, Cipriani se manifestó a favor de aplicar la pena de muerte a Abimael Guzmán. La Conferencia Episcopal Peruana, en marzo de 1993, respondió a estas declaraciones con el mensaje “Por una sociedad más justa y solidaria”, donde señala que toda violación a los Derechos Humanos contradice el Plan de Dios y es pecado y que, al proclamar el evangelio, se invoca la raíz profunda de los derechos humanos. Se insiste, además, en el tema de la defensa de la vida.
- 27 de julio de 1993: Cipriani señaló, sobre la inclusión de la pena de muerte en la Constitución de 1993: “No podemos permitir que por el miedo, temor y cobardía de unos cuantos el país no apruebe la pena de muerte. No podemos temblar de miedo. El mundo cambia día a día y no a favor de los cobardes”. El Cardenal Juan Landázuri respondió: “El señor dice: yo no quiero la muerte del pecador sino que se convierta y viva”.
- 10 de diciembre de 1993 – paradójicamente, Día Internacional de los Derechos Humanos -, sobre el caso La Cantuta: “El caso La Cantuta está siendo utilizado políticamente y bajo el pretexto de la defensa de los derechos humanos se está dando el último intento de atropellar la libertad del pueblo peruano”.
- 14 de abril de 1994. Entrevista en Caretas. Consignamos dos de sus declaraciones: “En un contexto violento como el de Ayacucho, las muertes, desapariciones y abusos son parte de la guerra. Los defensores de los Derechos Humanos le llamarán guerra sucia. Yo creo que las Fuerzas Armadas tuvieron que utilizar estos mecanismos para conocer cómo y donde ocurrían estos asuntos. Y cuando se utilizaron estos medios, naturalmente hubo muertos de un lado y otro” “He salido al frente de los pobres y de los que han masacrado esta ciudad. Y durante ese trajín no he visto a los de la Coordinadora de Derechos Humanos, esa cojudez”
- 18 de junio de 1995: Cipriani respaldó la ley de amnistía como una decisión política apropiada para lograr la paz interna “porque es necesario perdonar para alcanzar la reconciliación”.
- 11 de noviembre de 1997: Criticó a Mario Vargas Llosa por señalar que en el Perú se vivía una dictadura solapada, lo que daba una imagen “profundamente negativa” en el exterior.

¿Estas son cojudeces, Monseñor Cipriani?

Postergo por un día la imprescindible reflexión sobre el mensaje inaugural de Alan García para pasar a comentar una serie de sucesos relacionados con la Comisión de la Verdad y Reconciliación, contra la cual, nuevamente, han comenzado a circular ataques y publicaciones periodísticas que intentan “matar al mensajero” para ignorar el mensaje.

PRIMER ACTO: TERGIVERSANDO LAS CIFRAS DE VICTIMAS:

La nueva campaña comenzó hace unas 2 semanas. Agustín Haya de la Torre, miembro del APRA y encargado de la Comisión de Transferencia de la Presidencia del Consejo de Ministros, señaló al diario Correo, con todo el desparpajo del mundo, que solo existían 13,218 víctimas de los años de violencia. Para concluir con tan lamentable intervención, Haya señaló que ese sería el número de víctimas que el gobierno entrante utilizará para otorgar reparaciones a las víctimas del conflicto.

En agosto de 2003, inmediatamente después de la entrega del Informe Final de la CVR, se desató un debate sobre el estimado del número de víctimas. La Comisión estimó que la cifra más probable de víctimas fatales de la violencia fue de 69,280 personas, las cuales superan el número de pérdidas humanas de todas las guerras externas e internas sufridas por nuestro país durante toda su vida independiente. Inmediatamente, muchas voces expresaron su extrañeza o protesta, pues la cifra de víctimas manejada por la opinión pública hasta la salida del Informe Final fluctuaba entre 25,000 y 30,000 víctimas.

(Es decir, Haya ni siquiera manejaba las cifras que la mayor parte de la clase política acepta, comenzando por sus compañeros de partido).

La cifra de 30,000 víctimas manejada comúnmente por la opinión pública fue producto del cálculo realizado por la Comisión Especial del Senado para la Pacificación, en 1988, basado sólo en las noticias periodísticas aparecidas sobre acciones terroristas o violaciones a los derechos humanos, el cual fue actualizado año tras año. Esta base de estimación de cifras era, a todas luces, incompleta, toda vez que no todos los medios periodísticos (incluyendo los de provincias) no pudieron llegar a los rincones más alejados del país, que fueron los más afectados por la violencia.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que, como producto de la pobreza y de la violencia más de 2 millones de peruanos se encuentran indocumentados, sea porque nunca fueron inscritos en el registro civil correspondiente, no obtuvieron el respectivo documento de identidad o los registros fueron destruidos por la acción de Sendero Luminoso. Tomando en cuenta que buena parte de las víctimas provinieron del sector más pobre y marginado de nuestra sociedad, era necesario tener un nuevo cálculo de muertos y desaparecidos durante los años de violencia.

Carlos Iván Degregorí, ex miembro de la CVR, rebatió las declaraciones del veterano político, en un artículo de Perú.21, cuyos argumentos centrales reproducimos a continuación:

Las 13 mil víctimas a las que se refiere Haya son solo las víctimas identificadas con nombre y dos apellidos a partir de los 17 mil testimonios que recogió la CVR. Esta cifra no incluye las víctimas registradas por otras fuentes como el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Cruz Roja y la Comisión Episcopal de Acción Social, todas ellas con nombre y apellidos.

Más aun si a esas 24,692 mil víctimas plenamente identificadas les sumamos las que fueron recogidas por la CVR con nombre y un solo apellido, además de otros datos como fecha de nacimiento o nombre de los padres, la cifra sube a 35 mil. Para ser escrupulosamente cuidadosos, las proyecciones de la CVR se hicieron sin contar a estas últimas.

Complemento lo que dijo Degregori con lo señalado por la CVR en su Informe Final:

Los institutos armados y el Ministerio del Interior han proporcionado a la CVR las listas de las bajas que sufrieron las fuerzas del orden en el combate contra la subversión armada a lo largo del periodo investigado. De acuerdo con esta información murieron 16,74 miembros de las fuerzas del orden en actos de servicio en zonas de emergencia o en combates contra elementos subversivos entre 1980 y el año 2000. Esta cifra equivale al 7% del total de víctimas fatales reportadas en los testimonios analizados por la CVR. (IF CVR, Tomo I, página 196)

Y en un pie de página se señala lo siguiente:

Salvo el caso de algunos familiares de miembros de las fuerzas policiales caídos en combate contra la subversión, a pesar de las campañas de difusión del trabajo de la CVR, se recibieron muy pocos testimonios sobre víctimas de institutos castrenses. La información sobre estas bajas fue proporcionada directamente por los institutos armados. (IF CVR, Tomo I, página 196, pie de página 50)

Es decir, Haya, siendo más papista que el propio Benedicto XVI, iba a eliminar de su cifra de víctimas a los héroes militares de la lucha contra la subversión. Es decir, ni Giampietri le iba a creer.

Para sustentar esta cifra inexacta, Haya se basó en un informe elaborado por Daniel Manrique Vallier, quien fue parte del equipo responsable de elaborar la estadística de muertos y desaparecidos para la CVR. Lo que hizo Manrique, en realidad (tal como se consigna en la carta que pueden revisar al final de este post) fue elaborar una base de datos que sirvieran de insumos para un Registro Nacional de Víctimas de la violencia política. Su objeto, por tanto, no era estimar el número total de víctimas, sino hacer un cálculo para un trabajo hecho para la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, cuyo destino era verificar las dificultades que tendría la implementación del registro de víctimas.

Como señala Manrique en su carta, “Lo que se me pidió fue crear una lista de víctimas del conflicto armado interno que pudiera servir como modelo e insumo base para crear un registro nacional de víctimas con miras a iniciar el proceso de reparaciones, usando exclusivamente la información de los testimonios que fueron directamente recopilados por la CVR entre noviembre del 2001 y febrero del 2003. Dado el propósito de la lista, sólo incluí en ella a las personas que reunieran los siguientes requisitos: Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno y detalles con cierto nivel de precisión sobre la fecha y lugar de los hechos que ocasionaron su muerte, por lo que se trata de un listado claramente incompleto”.

Para realizar el nuevo cálculo, se tomaron en cuenta bases de datos recogidas por tres fuentes principales: la Defensoría del Pueblo, las organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos y la propia Comisión de la Verdad y Reconciliación. Compatibilizando los datos que se obtuvieron de estas tres fuentes, se aplicó el método estadístico denominado Estimación de Múltiples Sistemas, que fuera utilizado para calcular el número de víctimas en los conflictos internos vividos en Guatemala (1954 – 1996) y Kosovo (1999).

¿Haya o no haya, Haya será?

ENLACES:
El Morsa publica la carta de Daniel Manrique
La respuesta de Carlos Iván Degregori en Perú.21