Desde su formación y, sobre todo, a partir de la entrega de su Informe Final, la Comisión de la Verdad y Reconciliación sufrió una serie de ataques infundados, por parte de políticos, periodistas y otros líderes de opinión. Muchos de ellos fueron realizados a partir de prejuicios y sin leer el Informe Final de la CVR.
Por ello, creo pertinente hacer, a tres años de la publicación del Informe Final, una serie de precisiones sobre su contenido, tomando en consideración los mitos y mentiras que se han dicho sobre su trabajo. Dado que el espacio es breve, lo haremos por capítulos. Se agradecen, como siempre, los comentarios de los lectores.
1. LA CVR NO FUE UN INSTRUMENTO DE SENDERO LUMINOSO:
Desde el momento de su creación hasta la fecha, los detractores de la CVR y su trabajo han señalado en medios de comunicación y en debates públicos que este grupo de trabajo solo ha servido para que Sendero Luminoso pueda dejar de ser considerado un grupo terrorista y se otorgue una amnistía general a sus miembros.
Nada más alejado de la verdad. La Comisión de la Verdad y Reconciliación condenó de manera clara a Sendero Luminoso, de acuerdo a los estándares éticos y jurídicos que guiaron su mandato y a la rigurosidad que le exigía la labor de reconstrucción de la historia de la violencia. Muestra de ello es el primer párrafo del Tomo II del Informe Final, que resume la caracterización que la CVR hizo de SL:
“El Partido Comunista del Perú conocido como Sendero Luminoso (PCP-SL) es una organización subversiva y terrorista que en mayo de 1980 desencadenó una guerra contra el Estado y la sociedad peruanos. A lo largo de ese conflicto, el más violento de la historia de la República, el PCP-SL cometió crímenes de extrema gravedad que configuran delitos de lesa humanidad y se constituyó en el principal culpable del alto número de víctimas producido. La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) ha constatado que el PCP-SL fue responsable del 54% de las muertes y desapariciones que le fueron reportadas durante su investigación y, sobre la base de los cálculos realizados, estima que la cifra total de víctimas fatales ocasionadas por dicha organización asciende a 31, 331 personas”. (IF CVR, Tomo II, página 25).
De esta manera, se señaló de manera clara las características del tipo de organización que era Sendero Luminoso, así como su máxima responsabilidad en la comisión de delitos de lesa humanidad y en el alto número de víctimas producidas durante el conflicto armado interno.
La CVR señaló que la causa inmediata y fundamental que desencadenó el conflicto armado interno fue la decisión de Sendero Luminoso de iniciar su denominada “lucha armada” contra el Estado peruano y contra la voluntad de la mayoría de peruanos y peruanas que habían decidido vivir en paz y democracia.
“La CVR encuentra que la causa inmediata y decisiva para el desencadenamiento del conflicto armado interno en el Perú fue la libre decisión del PCP-SL de iniciar una denominada «guerra popular» contra el Estado, a contracorriente del sentir mayoritario de millones de peruanos y peruanas que, hacia fines de la década de 1970, canalizaban sus anhelos de transformación profunda de nuestra sociedad por otras vías como las organizaciones sociales (federaciones campesinas y sindicales, organizaciones barriales, de mujeres, de pequeños y medianos empresarios), las movilizaciones pacíficas y la constante participación electoral desde la reinstauración de la democracia en 1980. Para concretar sus planes el PCP-SL utilizó principalmente el espacio educativo, captando y adoctrinando pequeños núcleos de jóvenes a partir de los cuales buscó inflitrarse en los sectores rurales y urbanos discriminados o no representados por el sistema político. El PCP-SL buscó explotar así antiguas fallas históricas, que atraviesan el Estado y la sociedad peruana; y aprovechó los graves errores cometidos por los sucesivos gobiernos en la aplicación de una adecuada política contrasubversiva“. (IF CVR, Tomo VIII, página 25).
Además, se condenó de manera expresa la ideología fundamentalista de Sendero Luminoso, su potencial genocida – expresado en sus proclamas, así como en sus acciones contra la etnia asháninka -, sus acciones tendientes a inducir una respuesta desproporcionada de parte del Estado y el aprovechamiento de las falencias del sistema educativo proporcionado por el Estado para propagar sus ideas.
“La CVR considera que el PCP-SL sustentó su proyecto en una ideología de carácter fundamentalista, centrada en una rígida preconcepción del devenir histórico, encerrada en una visión únicamente estratégica de la acción política y, por tanto, reñida con todo valor humanitario. El PCP-SL desdeñaba el valor de la vida y negaba los derechos humanos.“. (Conclusión General 16).
“La CVR ha determinado que, de acuerdo con su ideología, el PCP-SL adoptó una estrategia orientada a provocar de manera consciente y constante respuestas desproporcionadas por parte del Estado sin tener en cuenta el profundo sufrimiento que ello ocasionaba a la población por la que decía luchar“. (Conclusión General 18)
“La CVR encuentra asimismo un potencial genocida en proclamas del PCP-SL que llaman a “pagar la cuota de sangre” (1982), “inducir genocidio” (1985) y que anuncian que “el triunfo de la revolución costará un millón de muertos” (1988). Esto se conjuga con concepciones racistas y de superioridad sobre pueblos indígenas“. (Conclusión General 21)
“La CVR ha encontrado que el PCP-SL se aprovechó de ciertas instituciones del sistema educativo como principal cabecera de playa y que, a través de ellas, logró expandir su prédica y captar núcleos minoritarios de jóvenes de uno y otro sexo en diferentes partes del país. Si bien ofrecía a los jóvenes una utopía que les brindaba identidad totalizante, en el fondo los encerraba en una organización fundamentalista y opresora a través de cartas de sujeción a Abimael Guzmán Reinoso“. (Conclusión General 22).
Se establece que la dirección central de Sendero Luminoso - y en particular su jefe, Abimael Guzmán - tiene responsabilidad directa por dar inicio a la violencia en contra de la voluntad de la mayoría de la población, por su estrategia sanguinaria, por sus prácticas violentas en contra de la población civil con un alto costo de vidas y por la comisión de crímenes de lesa humanidad.
“La CVR encuentra la más grave responsabilidad en los miembros del sistema de dirección del PCP-SL por el conflicto que desangró a la sociedad peruana, por los siguientes elementos:
• Por haber dado inicio a la violencia en contra del sentimiento abrumadoramente mayoritario de la población;
• por haber planteado su lucha contra la democracia peruana con una estrategia sanguinaria;
• por las prácticas violentas de ocupación y control de territorios rurales y poblaciones campesinas con un alto costo en vidas y en sufrimiento humano;
• por su política de genocidio mediante actos de provocación al Estado;
• por su decisión de proclamar el llamado equilibrio estratégico que acentuó el carácter terrorista de sus acciones” (Conclusiones Generales 29-30)
Debe precisarse, además, que la reconciliación planteada por la CVR no implica amnistía u olvido para los crímenes cometidos por los miembros del Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso (PCP-SL) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), pues la reconciliación se funda en la justicia, lo que implica que los militantes de ambos grupos paguen por los crímenes cometidos.
“Respecto de la amnistía, sólo cabe señalar que los miembros del PCP-SL han sido condenados por la justicia por sus crímenes. Cualquier pretensión de aplicar una política de amnesia, olvido o amnistía por parte del Estado en su beneficio vulnera el principio de la justicia. El planteamiento del “borrón y cuenta nueva” respecto de los crímenes cometidos no es posible para nadie. El principio de la reconciliación se funda en la justicia y no en la impunidad. De ese modo, no sólo los militantes del PCP-SL deben pagar por sus crímenes, sino todo aquel que los ha cometido. Nadie está por encima de la justicia y nadie tiene licencia para torturar o asesinar a aquél que está en situación de indefensión. La reconciliación exige, en este caso concreto, que el senderismo pague por sus crímenes“. (IF CVR, Tomo IX, página 44).
Finalmente, la Comisión señala que cualquier solución política al conflicto pasa por un reconocimiento público por parte del PCP-SL y del MRTA de su renuncia a la violencia como método de acción política. Mientras ello no se produzca, seguirán al margen de la ley y de la construcción democrática del país.
“En cuanto a “la solución política y la democratización de la sociedad,” conviene señalar que ambos temas se vinculan estrechamente. El PCP-SL pide una solución política y no militar para enfrentar su derrota en el proceso de la reconciliación nacional. Sin embargo, el PCP-SL no plantea que, para la solución que propone, se requiera la renuncia absoluta a la violencia y la lucha armada como instrumentos de la acción política. La verdadera solución política al conflicto no es la que propone una “amnistía política” de los presos que participaron en el conflicto. Mientras que el PCP-SL no haga un reconocimiento público de su renuncia a la violencia como método de su accionar político, está manifestando que su propuesta de reconciliación no está fundada en el interés de la sociedad y de la nación, sino que sigue anclada en sus intereses de grupo. El PCP-SL ha convertido a la violencia y el terror en parte indesligable de su existencia, y por ello la renuncia que se exigiría a dichos métodos significaría en el fondo solicitarle al PCP-SL que se niegue a sí mismo. Hay que distinguir, sin embargo, entre la organización misma y sus militantes, los cuales, una vez que hayan pagado su deuda con la justicia – si ése fuere el caso – podrán, como cualquier ciudadano, hallarse expeditos para ejercer sus derechos dentro de una sociedad que encuentra que la política es incompatible con la violencia. En relación al “proceso de democratización de la sociedad,” él sólo se dará en la medida en que todas las fuerzas políticas y democráticas del país asuman la tarea de fortalecer la democracia sin recurrir a la violencia. Será en función de la democratización, y por ella, que podrá darse el auténtico proceso de reconciliación y solucionarseel conflicto armado con los remanetes del senderismo que todavía existen en el Perú. El PCP-SL se ha puesto fuera de la ley y de la construcción democrática del país. (IF CVR, Tomo IX, página 44 y 45).
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