El periodo parlamentario que culmina obtiene una desaprobación mayor al 80% de la ciudadanía, de acuerdo a las encuestas de opinión pública. ¿Este porcentaje se condice con la realidad?
La percepción sobre la labor del Congreso ha sido, sin duda, negativa para la mayor parte de peruanos. Se les achaca a los parlamentarios salientes no trabajar a favor de los intereses de los ciudadanos, ganar sueldos exorbitantes y protagonizar escándalos que no se condicen con su condición de parlamentarios. Los congresistas – al menos quienes tienen un prestigio que defender – responsabilizan de esta percepción ciudadana a los medios de comunicación, concentrados solo en los aspectos negativos de la labor parlamentaria.
A contracorriente de ambas posiciones, que creemos que solo miran una parte parcial de la realidad, desde este espacio pretendemos dar algunos elementos mayores que permitan un análisis más sereno sobre la labor parlamentaria cumplida durante estos cinco años, más allá de las percepciones antes comentadas. Así, les ofrecemos algunos elementos que merecen destacarse de este periodo, tanto en lo bueno como en lo malo. Saquen ustedes sus propias conclusiones.
LO BUENO
Durante la mayor parte del periodo parlamentario se tomaron acuerdos por consenso. Todos los grupos políticos tuvieron participación en la conducción de la Mesa Directiva y de las Comisiones Ordinarias. Se respetó el criterio de proporcionalidad en cada comisión. Esto significó un avance importante con relación a los parlamentos de la década de los noventa, donde las minorías no eran respetadas ni escuchadas por el oficialismo de aquel entonces.
Tampoco, a diferencia de lo que ocurría en las épocas fujimoristas, hubo leyes sorpresa ni “normas de madrugada”.
A pesar de lo que comúnmente se cree, se han aprobado normas importantes a lo largo de los cinco años de periodo parlamentario. A continuación presentamos algunas de ellas:
1. Reforma constitucional del capítulo de Descentralización: Permitió los avances (aún limitados) del actual proceso de descentralización.
2. Reforma constitucional que permite el voto de militares y policías: Con esta medida, se avanza en la generación de una cultura democrática en nuestras Fuerzas Armadas y Policiales.
3. Reforma constitucional que permite el cierre del régimen pensionario de la Ley 20530: Se culmina con un régimen pensionario (cédula viva) que venía erosionando la capacidad económica del Estado.
4. Ley de Partidos Políticos: Aunque ciertamente perfectible, la norma es la primera en su género en nuestro país y establece requisitos indispensables para la formación de grupos políticos más institucionalizados.
5. Ley de Radio y Televisión.
6. Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones para las víctimas de la violencia.
7. Ley que establece las Regalías Mineras: Por primera vez se establece una regalía para las actividades mineras, buscando que las empresas de este ramo aporten mayores recursos al país, en momentos en que los precios internacionales de los minerales se encuentren elevados.
8. Ratificación del Acuerdo de Promoción Comercial (TLC) con Estados Unidos.
9. Instauración de la barrera legal electoral de 4% (“valla electoral”)
10. Código Procesal Constitucional
11. Se regulan los mecanismos de vacancia presidencial y juicio político, de acuerdo a lo señalado por el Tribunal Constitucional.
12. Se especifica en el Reglamento del Congreso que la inmunidad parlamentaria no comprende los casos anteriores a la toma de posesión del cargo parlamentario.
Asimismo, aunque con alguna demora, se ha nombró a Beatriz Merino como Defensora del Pueblo y se completó la conformación del Tribunal Constitucional.
En fiscalización, se destaca el funcionamiento de 5 Comisiones Investigadoras sobre el periodo 1990-2000, así como el papel de la Comisión de Fiscalización, en particular durante las gestiones de Javier Velásquez Quesquén.
En términos administrativos y de mejora de la imagen pública, la reducción de 16 a 14 sueldos fue un avance limitado.
Se producen dos reformas al Reglamento del Congreso que serán de aplicación para el próximo periodo parlamentario:
a) Los parlamentarios estarán prohibidos de integrar las comisiones ordinarias mientras se encuentren comprendidos en procesos penales dolosos con pedido de la Corte Suprema para levantarles la inmunidad.
b) Los proyectos de Ley serán presentados por bancada y no de manera individual.
LO MALO
Salvo el APRA, todos los demás grupos políticos sufrieron la salida de varios de sus miembros. En la mayor parte de los casos, esto se debió a la debilidad de los partidos políticos que conformaron este Congreso, así como por los intereses propios de cada parlamentario. Así, más de 30 legisladores abandonaron los partidos por los que fueron elegidos, lo que hizo que en los últimos años de gestión parlamentaria los acuerdos parlamentarios no fueran todo lo sólidos que se necesitaban para un buen manejo del Congreso.
No se explicó de manera suficiente a la ciudadanía en que consiste el trabajo parlamentario: fundamentalmente, debió explicarse que es lo que el Congreso no puede hacer, de acuerdo a lo señalado por la Constitución y la ley. Este panorama complicó más la percepción ciudadana sobre el Parlamento, toda vez que no todos los ciudadanos conocen sus funciones y se crean expectativas mayores a las funciones reales.
La fiscalización hacia los propios parlamentarios no fue lo que la ciudadanía esperaba. Se esperaba una mayor sanción en el caso del congresista Alfredo Gonzáles, quien golpeó a una empleada judicial durante una diligencia. Asimismo, quedó pendiente una sanción de la Comisión de Etica al congresista Alcides Llique quien ofendió al fallecido Ministro de Agricultura Alvaro Quijandría Salmón. Tampoco fueron reprobados los conflictos de intereses de Jorge Mufarech, quien criticó la licitación de uniformes para la Policía en la que no resultó favorecido con la buena pro, ni fueron investigadas en detalle las denuncias sobre tráfico de tierras de Víctor Valdez, congresista quien además declaró que su biblioteca estaba avaluada en un millón de dólares.
El suceso más bochornoso fue el presunto abuso sexual cometido por el parlamentario Leoncio Torres Ccalla.
Otro suceso que mereció el rechazo de la ciudadanía fue la promulgación de la llamada “Ley Wolfenson”, que equiparaba el arresto domiciliario a la prisión efectiva. La norma fue declarada inconstitucional por el TC.
Se censuró injustamente al Ministro del Interior Fernando Rospigliosi, quien no tuvo responsabilidad mayor en los sucesos de Ilave, pero a quien se le hizo pagar las consecuencias de un estilo ciertamente confrontacional, aunque honesto y con voluntad de reforma en la Policía Nacional. Esta censura tuvo incluso votos del oficialismo.
No se culminó con un proceso de reforma constitucional que duró más de un año y que consitó la participación ciudadana a través de foros presenciales y electrónicos.
La mala imagen del Congreso se debió también a que no se hicieron esfuerzos suficientes para ordenar el aparato estatal, comenzando por el parlamentario. Aun queda pendiente una explicación sobre porque los legisladores ganan parte de su sueldo bajo el rubro de “gastos operativos”. A ello se sumó la honesta, pero indignante declaración de la legisladora Enith Chuquival, quien manifestó que “si quieres ganar más dinero, postula al Congreso”.
Quedaron pendientes de discusión y aprobación normas importantes como:
1. Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
2. Ley Marco del Empleo Público.
3. Ley que elimina la posibilidad de que los tránsfugas formen nuevos grupos.
4. Nuevo Código Electoral que ordene todas las normas electorales.
5. Debate y aprobación de la Convención del Mar
6. Ley de Aguas
7. Regulación de los estados de emergencia.
Finalmente, el Congreso no contribuyó con la reforma judicial, al aprobar pocos proyectos de ley presentados por la Comisión Especial de Reforma Integral de la Administración de Justicia (CERIAJUS). Asimismo, no se pudo legislar la organización, funciones y delitos de la justicia militar de acuerdo a los parámetros dados por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
Allí están los datos. Esperemos que el próximo Parlamento no tenga los defectos de su predecesor y que, ciertamente, exista un mayor balance en la cobertura del quehacer parlamentario, acompañado de una explicación cabal de cuales son sus tareas, a fin de evitar la elevación de expectativas ciudadanas que, traducidas en movilizaciones sociales, puedan complicar la estabilidad democrática.
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